La crisis de acceso a la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, junto al empleo y la salud. Los informes de la ONU y las declaraciones del Defensor del Pueblo resaltan la gravedad de la situación, que afecta especialmente a las familias vulnerables. A pesar de la labor de organizaciones como la PAH, las soluciones siguen siendo insuficientes, tanto de parte del gobierno como de la oposición.
Históricamente, la burbuja inmobiliaria en España fue alimentada por prácticas financieras irresponsables, permitiéndoseles crear inmobiliarias paralelas, con ambiciones sin fin que terminaron de calentar el mercado del suelo eclosionándolo, siendo sus inmobiliarias las responsables de la crisis, rescatadas a través de la Sareb. Para más inri, la Caja del Mediterráneo y todo su fondo estructural y económico fue regalada por 1 solo euro, obteniendo posteriormente cuantiosos beneficios. La crisis resultante, que culminó en rescates públicos millonarios, dejó a miles de ciudadanos en situaciones desesperadas, enfrentando desahucios y ocupaciones ilegales. El sistema financiero y los políticos no solo fallaron en proteger a los ciudadanos, sino que, tras el rescate, continuaron beneficiando a las instituciones financieras a costa del bienestar social, sin devolver los más de 60.000 euros del rescate público.
Los planes de vivienda implementados desde 2013, centrados en el alquiler, han demostrado ser ineficaces. A pesar de que el 82% de la población desea acceder a una vivienda en propiedad, las políticas actuales fomentan un ciclo de dependencia del alquiler que no resuelve la crisis. La falta de acceso a avales y garantías para la compra de viviendas, así como la eliminación de las ayudas directas y la desgravación, ha agravado la situación.
Una de las propuestas más relevantes es la implementación de un plan de vivienda social que incluya avales y ayudas públicas para las familias vulnerables. Estas medidas permitirían a las personas sin solvencia suficiente acceder a viviendas en el mercado libre. La colaboración con aseguradoras y la creación de convenios con bancos podrían facilitar este acceso, permitiendo que las administraciones ICO e IVF avalen hasta el 100% de la compra de viviendas, con la modalidad de cuotas blindadas a todos los demandantes de primera vivienda habitual.
Para abordar la burbuja de precios de alquiler, es fundamental abrir la oferta de vivienda al acceso en propiedad. La eliminación temporal o del 1% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano, junto con un IVA reducido para la vivienda nueva, permitiría a más familias acceder a la compra. Además, liberar a los bancos para que financien hipotecas a un 100% sería un paso crucial para que las familias solventes pudieran adquirir su vivienda sin depender del alquiler.
La actual estrategia de destinar fondos públicos a la compra de un número limitado de viviendas para alquilar no es suficiente y representa un uso ineficiente de recursos. En lugar de seguir este camino, es necesario incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas a través de pequeñas y medianas empresas. Esto no solo aumentaría la oferta de viviendas asequibles, sino que también generaría empleo y dinamizaría la economía.
En la Comunidad Valenciana, se ha anunciado un programa que, aunque es necesario, no aborda la raíz del problema. La creación de un parque público de vivienda debe acompañarse de medidas que faciliten el acceso a la propiedad, en lugar de perpetuar el modelo de alquiler. El destino para grandes promotoras y fondos de inversión, que recogen la cesión de solares y subvenciones públicas para alquilar por tiempo limitado viviendas nuevas a un precio superior a las cuotas actuales para la compra, solo agravan la situación.
Es crucial que el gobierno evalúe la cantidad de recursos públicos destinados a facilitar la compra de viviendas y los resultados esperados. Las políticas deben ser claras y medibles, con un enfoque en el acceso a la vivienda en propiedad. Por ello, se sugiere destinar recursos para eliminar el ITP y facilitar la financiación a través de convenios con la banca pública, que podría jugar un papel esencial en la creación de un modelo de vivienda social eficaz.
La recuperación de una banca pública que opere con criterios sociales podría proporcionar una alternativa viable a la financiación privada. La creación de un sistema de avales ICO también podría servir para respaldar a las familias en riesgo, proporcionando un colchón de seguridad que les permita afrontar el pago de alquileres o hipotecas.
1. Congelación temporal de los alquileres
Una de las primeras medidas que deben adoptarse es un decreto de congelación temporal de los alquileres por un año. Esta iniciativa permitiría que los nuevos contratos se realicen a un precio medio equivalente a las fianzas depositadas en las comunidades autónomas.
2. Avales y ayudas permanentes
Establecer un sistema de avales públicos que respalde a quienes no reúnen la solvencia necesaria para acceder a Viviendas del Régimen General de Protección Oficial (VPT). Las ayudas actuales han sido extemporáneas y complicadas, llegando tarde y sin abonar a la fecha de pago de la renta.
3. Exoneración y modificación de tasas
Es necesario exonerar de tasas temporalmente la rehabilitación y reforma de casas y edificios incluidos en los PGOU, así como desgravar a los arrendadores el 100% del IRPF y del IBI si alquilan a familias vulnerables con hijos. A su vez, se debe penalizar y eliminar estas desgravaciones para quienes no se encuentren en esta situación.
4. Apoyo a las PYMES para reactivar el mercado y dinamizar la construcción local
Las PYMES tienen más facilidad en la economía circular para activar solares urbanos y casas disponibles para rehabilitar, lo que sería esencial para salir de la crisis inmediata, ya que los nuevos proyectos tardarían años en desarrollarse.
5. Crisis habitacional para estudiantes y turismo
La proliferación de alquileres turísticos y las okupaciones son daños colaterales de la falta de vivienda. Los estudiantes y familias vulnerables sufren especialmente por la alta demanda y la escasez de opciones asequibles.
6. Comisiones abiertas y participativas sobre la emergencia habitacional
Es esencial crear comisiones parlamentarias, autonómicas y municipales que incluyan diferentes voces y experiencias en la búsqueda de soluciones a la crisis.
7. Recuperación de una banca pública
La creación de un polo público de apoyo a las políticas de vivienda podría fortalecerse a través de entidades como Caixabank, que ya cuenta con un 17% de participación pública, junto con la incorporación de Correos y el ICO. Este tipo de colaboración facilitaría el acceso a viviendas, ofreciendo alternativas viables a la financiación privada y garantizando que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan.
DebatePublico 