La ley de partidos y el regreso de la vieja corrupción

La Ley de Partidos Políticos sigue siendo el mayor escudo para la endogamia y la opacidad de las formaciones políticas en España. Lejos de abrirse a la ciudadanía, los partidos han perfeccionado sus estructuras clientelares, permitiendo que los intereses privados y la corrupción sigan enraizados en la política. Ejemplos recientes, como los escándalos en el PSOE y el PP, demuestran cómo los partidos han abandonado su responsabilidad de representar a los ciudadanos para convertirse en maquinarias de poder y beneficios particulares.

En el PSOE, el caso del exministro de Infraestructuras y Vivienda, expulsado del partido tras ser acusado de cobrar comisiones ilegales junto a una red de colaboradores, pone de manifiesto la distancia entre sus dirigentes y las preocupaciones reales de la sociedad. En lugar de abordar problemas acuciantes como el acceso a la vivienda, las prioridades del exministro se centraron en lucrarse a costa del Estado.

Por otro lado, en el PP, el aprovechamiento lucrativo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, amasando fortunas con contratos públicos, es otro ejemplo del deterioro ético de la política. Estos casos no solo indignan, sino que recuerdan por qué surgió el movimiento 15M: la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y el fin de la corrupción.

Sin embargo, incluso los partidos que capitalizaron el espíritu del 15M, como Podemos y Ciudadanos, han sido absorbidos por el sistema que criticaban. Hoy, sus luchas internas y la búsqueda de cargos públicos los han llevado a reproducir las mismas prácticas que prometieron erradicar.

La reforma de la Ley de Partidos no puede esperar. Sin acceso libre a su afiliación y participación, sin transparencia, primarias abiertas, rendición de cuentas y foros sectoriales abiertos, los partidos seguirán siendo máquinas de poder desconectadas de la ciudadanía. Es momento de recordar las demandas del 15M y exigir una política al servicio del interés común, no de intereses privados, como bien recordó el propio Rey Felipe VI en su último mensaje de Navidad.