Cuatro años después del inicio de la pandemia, la gestión de la crisis en España sigue envuelta en polémica. Desde la corrupción en la compra de material sanitario hasta los protocolos que impidieron derivar ancianos a hospitales, la pandemia expuso graves fallos en la gestión pública
Uno de los casos más sonados es la trama de corrupción vinculada a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes facilitaron contratos millonarios a empresas sin experiencia. En la Comunidad de Madrid, el hermano de Isabel Díaz Ayuso recibió comisiones por intermediaciones en la compra de mascarillas, mientras que su pareja también ha sido señalado en contratos sanitarios.
Más grave aún fue la gestión de las residencias de ancianos. Aunque varias comunidades restringieron la derivación de mayores a hospitales, en Madrid se aplicaron protocolos más restrictivos, con criterios explícitos que negaban el traslado a personas en situación de vulnerabilidad, lo que generó una alta mortalidad en estos centros. Estas decisiones fueron denunciadas por los familiares de las víctimas y provocaron la dimisión de Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien se opuso a estas medidas.
Las vacunas, desarrolladas a velocidad récord, generaron dudas sobre la falta de pruebas a largo plazo. Los ensayos clínicos parecieron prolongarse en la propia población, mientras que los contratos con farmacéuticas blindaron a estas de cualquier responsabilidad por efectos adversos, generando beneficios sin precedentes para la industria.
La pandemia dejó una crisis sanitaria, pero también una crisis de confianza en la gestión pública y en los intereses económicos que la rodearon. Hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta.