La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell no es una simple operación financiera. Representa el cierre de un proceso de concentración bancaria iniciado con la crisis de 2008, cuando se eligió salvar a los grandes y borrar del mapa cualquier alternativa pública o territorial.
Desaparecieron las herramientas financieras públicas que durante décadas ayudaron a financiar vivienda e infraestructuras. Bancos como el Hipotecario, el de Crédito a la Construcción o la Caja Postal fueron absorbidos por Argentaria y luego por el BBVA. Más tarde, las cajas de ahorro —entre ellas la histórica CAM—, junto con entidades emblemáticas como la Caja de Ahorros de Valencia, el Banco de Valencia o Bancaja, fueron eliminadas o absorbidas en un proceso sistemático. La Comunidad Valenciana perdió prácticamente toda su red financiera de referencia.
El Sabadell heredó en 2012 los activos de la CAM tras ser saneada con dinero público. Desde entonces, ha generado más de 8.400 millones de euros en beneficios netos, lo que evidencia el valor real de los activos entregados. Hoy, el BBVA pretende cerrar ese ciclo con una OPA que concentra aún más el sistema bancario. Esto implica la pérdida de centros de decisión, empleos cualificados y autonomía financiera en Alicante y Valencia.
Mientras en Cataluña existe una oposición institucional firme, en la Comunidad Valenciana las autoridades hacen más bien poco o nada. No hay pronunciamientos claros, ni defensa del peso económico que la región podría perder definitivamente.
Las fusiones no han traído eficiencia, sino costes ocultos. Miles de trabajadores han sido prejubilados anticipadamente, en plena madurez profesional, con la consiguiente carga para el sistema público de pensiones. Esta pérdida de capital humano especializado no solo afecta a las entidades, sino también al país. Resulta contradictorio que mientras a conductores, obreros y trabajadores de otros sectores se les exige retrasar la edad de jubilación, el sector financiero reduzca plantilla mediante salidas incentivadas, costeadas en parte por el erario público a través de bonificaciones fiscales, amortizaciones y ayudas encubiertas.
Las cajas y la banca pública financiaban el acceso a la vivienda habitual con productos adaptados a la economía real. Financiaban VPT, rehabilitación urbana y sostenían a pymes promotoras y APIs. Hoy, este modelo ha sido sustituido por una banca que favorece la venta de activos propios, apoyada en ventajas de financiación y escasa regulación, mientras al ciudadano se le exigen avales imposibles o se le empuja directamente a la burbuja del alquiler.
La OPA del BBVA sobre el Sabadell no es una oportunidad, sino una señal de alarma. Confirma que seguimos atrapados en un modelo que protege y premia a los grandes, mientras los territorios pierden influencia y los ciudadanos asumen el coste social.
Es momento de exigir una banca que no solo busque tamaño, sino también utilidad social. Una banca que entienda que el crédito y la vivienda son derechos, no mercancías. Desde Alicante y Valencia debemos hacernos oír. Porque esta operación nos afecta, y mucho. Debemos abrir un debate serio sobre el modelo bancario y financiero que queremos.
Ya no queda banca pública, ni cajas, ni entidades valencianas independientes. ¿También vamos a ceder en lo último que nos queda?
En paralelo, BBVA y Sabadell han presentado beneficios récord: más de 10.000 y 1.800 millones de euros respectivamente solo en 2024. Sin embargo, miles de familias con hipoteca variable siguen sufriendo cuotas asfixiantes, mientras las bajadas de tipos no se trasladan con la misma rapidez que las subidas.
La concentración bancaria, lejos de resolver ineficiencias, ha generado más poder sin mejorar el servicio. Y lo ha hecho a costa del empleo, de las pensiones públicas y del tejido financiero de proximidad. Es hora de decidir si queremos seguir financiando el poder o reconstruir una banca útil, cercana y responsable.
OPA del BBVA: de CAM a Sabadell y ahora… ¿quién defiende el territorio?
Por José Joaquín Belda – API, analista independiente
La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell no es una simple operación financiera. Representa el cierre de un proceso de concentración bancaria iniciado con la crisis de 2008, cuando se eligió salvar a los grandes y borrar del mapa cualquier alternativa pública o territorial.
La Comunidad Valenciana ha perdido, en menos de dos décadas, la práctica totalidad de su red bancaria propia: la histórica Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el Banco de Valencia, Bancaja, la Caja de Ahorros de Valencia… todas han sido absorbidas por entidades mayores con sede fuera del territorio. Solo la Caja de Ontinyent ha resistido de forma autónoma.
La CAM fue entregada al Sabadell por un euro tras ser saneada con más de 5.200 millones de euros públicos; el Banco de Valencia fue adjudicado a CaixaBank tras otra inyección de 4.500 millones. Bankia, con origen en Bancaja, fue absorbida por CaixaBank en 2021. En ningún caso estos rescates se han devuelto al erario. Al contrario: las entidades han generado beneficios sostenidos durante años.
En concreto, el Sabadell ha acumulado más de 8.400 millones de euros en beneficios desde la absorción de la CAM. El BBVA ha superado los 10.000 millones solo en 2024. Mientras tanto, los ciudadanos soportan hipotecas impagables, empleos destruidos y un territorio cada vez más empobrecido institucionalmente.
Las autoridades políticas valencianas, lejos de impulsar un nuevo debate público o exigir alternativas, permanecen ausentes. Ninguna estrategia institucional ha planteado recuperar capacidad financiera propia. Ni una entidad pública ni una banca valenciana. Mientras tanto, las decisiones se toman en Madrid o Barcelona, y los beneficios se concentran lejos del origen de los activos.
Además, las fusiones no han traído eficiencia. Miles de empleados formados, en plena madurez profesional, han sido prejubilados anticipadamente, con un coste directo a las pensiones públicas. Lo que en otros sectores se llama privilegio, aquí se ha normalizado: mientras a otros trabajadores se les amplía la vida laboral, en la banca se reduce a costa del erario.
Este modelo de concentración, desregulación y expulsión del territorio no es sostenible. Las cajas y la banca pública garantizaban acceso a vivienda, financiación de pymes y equilibrio territorial. Hoy, los bancos ofrecen productos empaquetados con condiciones asimétricas: ventajas para fondos e inmobiliarias; exigencias imposibles para familias.
La OPA del BBVA sobre el Sabadell no es una oportunidad, sino una culminación: confirma un modelo donde se privatiza el beneficio y se socializa el coste. Alicante y Valencia vuelven a perder.
Es momento de exigir una banca que no solo busque tamaño, sino también utilidad social. Una banca que entienda que el crédito y la vivienda son derechos, no mercancías. Desde la Comunidad Valenciana debemos hacernos oír. Porque esta operación nos afecta, y mucho.
Ya no queda banca pública, ni cajas, ni bancos valencianos. ¿También vamos a ceder en lo último que nos queda?
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