Prejubilaciones, oficinas cerradas, atención digital forzada… y todo a cuenta del contribuyente
La propuesta de fusión del BBVA sobre el Banco Sabadell no es una simple operación de mercado. Es el siguiente capítulo en una historia ya conocida: fusiones que refuerzan a los grandes bancos a costa del interés general, y que vuelven a repetir un modelo donde el Estado limpia, subvenciona y reestructura… sin exigir contrapartidas reales.
En 2011, el Banco Sabadell adquirió la CAM por un euro simbólico, tras recibir más de 5.200 millones en ayudas públicas. El BBVA hizo lo mismo con Unnim. Ambas operaciones se blindaron con avales, esquemas de protección de activos (EPA) y respaldo institucional. A cambio, las entidades obtuvieron activos, oficinas, clientela y red territorial, sin asumir prácticamente ningún riesgo. Los costes de la reestructuración, los pagó el Estado.
La historia se repite. Esta vez, la excusa es la transformación digital.
📉 Digitalización sí, pero no a cualquier precio
La digitalización es un proceso natural e imparable. El problema no es que las entidades modernicen su operativa, sino que trasladen el coste de esa transición a la sociedad, mientras concentran beneficios y destruyen tejido financiero territorial.
Miles de trabajadores en plena madurez profesional son prejubilados con ayudas públicas. Se cierran oficinas, especialmente en zonas rurales o de baja rentabilidad. Los clientes más vulnerables —mayores, personas sin recursos digitales— son empujados a un modelo bancario frío, distante y, en muchos casos, inaccesible.
A todo ello se suma una realidad invisible: el agotamiento del personal bancario restante, sometido a condiciones de estrés, colas interminables, falta de medios y objetivos crecientes. Se trata de una plantilla cada vez más reducida, exigida y sin respaldo, mientras los servicios presenciales desaparecen o exigen citas previas que convierten la atención en un obstáculo.
🛑 ¿Dónde están los reguladores?
La CNMC, el Banco de España, la CNMV, los ministerios de Economía, Consumo y Derechos Sociales… todos guardan silencio o actúan con una tibieza funcional.
Ninguna institución pública ha exigido, hasta ahora:
- Estándares mínimos de atención presencial.
- Transparencia en la gestión de reclamaciones.
- Garantías territoriales o de servicio como condición para la fusión.
- Revisión de ayudas pasadas que, por lógica, deberían obligar a compensaciones si el objeto social se transforma.
El mensaje que se transmite es claro: las grandes entidades hacen y deshacen sin más límite que el interés del mercado, aunque sea el Estado quien cargue con el impacto social.
💰 El trabajo sucio lo hace el Estado… otra vez
La propuesta de fusión entre BBVA y Sabadell debe entenderse en este contexto. No se trata solo de un movimiento estratégico entre dos bancos privados, sino del cierre de una etapa iniciada tras la crisis de 2008, en la que el Estado asumió el papel de garante del sistema financiero, sin exigencias de retorno ni condiciones sociales reales.
Hoy, esa protección continúa:
- Se permite la concentración.
- Se ampara la destrucción de empleo sin medidas paliativas.
- Se deja sin respuesta a miles de ciudadanos que no pueden acceder a sus servicios más básicos.
📌 ¿Qué se puede y debe hacer?
España necesita abrir un nuevo debate sobre su modelo financiero. Algunas medidas urgentes serían:
- Auditar todas las ayudas públicas otorgadas desde 2010 a entidades como Sabadell o BBVA.
- Introducir cláusulas de reversión o compensación pública si el destino de las ayudas se desvía, como en el caso de una fusión.
- Aprobar una ley estatal de estándares mínimos de atención financiera presencial, con foco en zonas rurales, mayores y colectivos vulnerables.
- Activar una agencia de calidad bancaria, con competencias para medir, publicar y sancionar servicios deficientes.
- Recuperar una red pública o cooperativa de banca de proximidad, integrando recursos como el ICO, el IVF, cooperativas, la red de Correos y entidades que aún conservan su espíritu territorial y social.
El caso BBVA-Sabadell debe marcar un punto de inflexión. No es una cuestión técnica. Es una decisión política, económica y social. No se puede permitir que la transformación digital justifique el desmantelamiento de derechos bancarios básicos. Ni que las fusiones se conviertan en un nuevo pretexto para reducir competencia, eliminar atención y aumentar beneficios… con costes pagados por todos.
Porque ya no hay banca pública, ni cajas, ni bancos valencianos.
Y ahora, ¿también vamos a financiar la última gran fusión… sin pedir nada a cambio?
DebatePublico 