La propuesta de fondo: reactivar la VPT
En este escenario de bloqueo, surge una propuesta estructural que gana apoyos: la Vivienda Protegida a Precio Tasado (VPT) como eje de la política habitacional 2026–2030. Este modelo, vigente hasta hace unos años, permitía a las administraciones promover viviendas a precios limitados en venta, con criterios sociales, topes de beneficio y control público sobre el uso del suelo.
La VPT tiene varias ventajas:
- Reduce la presión sobre el mercado de alquiler.
- Ofrece estabilidad y arraigo a las familias.
- Incentiva la colaboración con cooperativas, PYMES y promotoras bajo criterios públicos.
- Estimula el empleo en la construcción y la rehabilitación.
- Evita la especulación y garantiza precios accesibles.
Para ello, se propone reactivar la cesión de suelos públicos, establecer avales para hipotecas a familias sin ahorros, y vincular la financiación estatal a los resultados en número de viviendas efectivamente entregadas.
Medidas urgentes para 2026
A corto plazo, el informe presentado por varias plataformas ciudadanas y expertos independientes plantea medidas inmediatas:
- Congelación de alquileres por 12 meses, con un tope del 3% de incremento.
- Avales públicos del ICO o entidades autonómicas para hipotecas de hasta el 100%.
- Reducción temporal del IVA y del ITP al 1% para primera vivienda y vivienda social.
- Eliminación de tasas municipales para rehabilitación destinada a alquiler protegido.
- Cheque Vivienda para apoyar a familias en riesgo de desahucio.
- Registro nacional de viviendas vacías, en colaboración con los ayuntamientos, con incentivos fiscales para propietarios que cedan su uso.
- Incentivos y desgravaciones fiscales para quienes alquilen a familias con hijos o en situación de vulnerabilidad.
Reformas necesarias y nuevo pacto institucional
Más allá de las medidas urgentes, se requiere una reforma legislativa integral. Entre las propuestas:
- Reforma de la Ley de Vivienda y del Plan Estatal, priorizando el acceso a la propiedad asequible.
- Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para contratos de mayor duración y renovables si hay acuerdo entre partes.
- Introducción de la hipoteca blindada, que mantiene la cuota fija aunque se alargue el plazo, protegiendo a las familias frente a subidas de tipos.
- Reconocimiento legal del derecho subjetivo a la vivienda, mediante ley orgánica o reforma constitucional.
Además, se propone activar comisiones parlamentarias, autonómicas y municipales de emergencia habitacional, que trabajen de forma coordinada con el Ministerio, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.
Conclusión: no más batallas políticas con la vivienda
La ruptura institucional vivida en 2025 no puede repetirse. La vivienda no puede seguir siendo una herramienta de confrontación política mientras miles de personas son expulsadas de sus hogares. La respuesta exige un nuevo pacto de Estado, autonómico y local, basado en objetivos comunes: estabilidad, equidad, vivienda protegida, y colaboración entre lo público y lo privado con criterios sociales.
El acceso a una vivienda digna es un derecho, no un privilegio. Las soluciones existen. Solo hace falta voluntad.
DebatePublico 