Ruptura en Vivienda Fracasa el pacto estatal entre Gobierno y autonomías

Mientras miles de familias siguen atrapadas entre alquileres imposibles y sin opciones para acceder a una vivienda en propiedad —incluso cuando los avales del ICO no se cumplen por parte de las entidades financieras— el llamado Pacto Estatal de Vivienda 2026-2030 ha fracasado antes de ponerse en marcha. El conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, lejos de resolverse, se agravó en la reciente Conferencia Sectorial de Vivienda. No hay consenso, ni plan estructural ni acción útil ante la emergencia habitacional.
El plan del Ejecutivo, basado en la construcción de vivienda pública en alquiler, contempla una inversión global de 7.000 millones de euros. Pero las comunidades gobernadas por el PP lo han rechazado, alegando que es intervencionista, poco concreto y carente de mecanismos de ejecución reales. La crítica compartida: no garantiza acceso a la propiedad, ni moviliza suelo, ni plantea un modelo social inclusivo.
Además, Bruselas ha advertido que España se encuentra a la cola en parque de vivienda social. Pero lejos de corregir el rumbo, el Gobierno mantiene una Ley de Vivienda obsoleta que ni garantiza el derecho subjetivo constitucional a una vivienda digna ni protege a los más vulnerables. Sin incentivos eficientes de protección hacia estos, se reduce el número de pisos en alquiler accesible, perjudicando especialmente a familias con hijos, inmigrantes o en exclusión, ya que actualmente la ley deriva su vulnerabilidad hacia los arrendadores.
El núcleo del problema es ideológico. El Ejecutivo y sus socios defienden un modelo casi exclusivo de alquiler, ignorando que más del 80% de la ciudadanía aspira a una vivienda en propiedad, según el CIS. Esta desconexión se agrava con el apoyo a colectivos como el Sindicato de Inquilinos, que actúa desde una lógica corporativa contraria a la propiedad pública o social.
La contradicción se acentúa cuando dirigentes que impulsan este modelo —como Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra— adquirieron viviendas en propiedad mediante hipotecas ventajosas con entidades próximas al entorno de Podemos. Mientras tanto, millones de ciudadanos quedan atrapados en alquileres precarios, sin ayudas reales ni acceso a financiación protegida.
Estas políticas reproducen el modelo instaurado por el Gobierno del PP en 2013: eliminación de mecanismos de financiación para vivienda protegida, reducción del gasto en vivienda y desaparición del tejido promotor local. Hoy, esa lógica sigue viva: fondos de inversión y pequeños tenedores organizados se han hecho con buena parte del mercado, con hipotecas pagadas por los propios inquilinos.
Expertos como Julio Rodríguez López, ex presidente del Banco Hipotecario, lo advirtieron hace años: el Estado ha abandonado su responsabilidad en la promoción de vivienda asequible. Más recientemente, los profesores García Montalvo, Raya y Sala-Roca, desde la Universidad Pompeu Fabra, han demostrado que los planes estatales carecen de recursos, estructura y mecanismos operativos. Sin financiación y sin estrategia, la política de vivienda es solo propaganda.
Existen soluciones. La recuperación de las Viviendas de Protección a Precio Tasado (VPT) es clave para ofrecer propiedad asequible sin inflar el gasto público. Las hipotecas con cuota blindada, avales del ICO efectivos, y una fiscalidad justa (ITP e IVA al 1%) para primeras viviendas permitirían a miles de familias acceder a un hogar digno.
También deben impulsarse fórmulas como el alquiler con opción a compra, la cesión de suelo público a cooperativas y la rehabilitación de edificios. El objetivo debe ser doble: garantizar el derecho a la vivienda y frenar la burbuja del alquiler, que hoy se ha desbocado por las políticas actuales.
El verdadero debate debe centrarse en el Plan Estatal de Vivienda. Todo lo demás —ocupaciones, desahucios y turistificación— no son causas, sino consecuencias de una demanda que supera ampliamente la oferta. Si no se actúa sobre el modelo, el deterioro será irreversible.
Es urgente también recuperar el tejido de pequeñas promotoras (PYMES), desmantelado tras la crisis de 2008. Estas empresas fueron clave para edificar vivienda protegida, rehabilitar barrios y movilizar suelo. Su exclusión ha dejado el desarrollo de vivienda en manos de grandes corporaciones.
Un estudio reciente de la Universidad de Alicante y Prensa Ibérica confirma el desfase entre oferta, demanda y capacidad adquisitiva. Aunque técnico, evidencia la necesidad urgente de planificar con visión social y estructura de Estado.
En definitiva, el fracaso de la Conferencia Sectorial no es anecdótico: es el resultado de años de políticas sin dirección, ajenas al mandato popular y dominadas por intereses ideológicos o financieros. Urge cambiar el rumbo. Lo contrario solo acelerará la desigualdad, la desafección ciudadana y la quiebra del derecho a la vivienda en España.