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El rechazo a incorporar la Vivienda Protegida en Propiedad (VPT) como eje del Plan Estatal, la desconexión de las administraciones y la ausencia de reformas clave certifican el hundimiento de la estrategia habitacional para la próxima década.
- Introducción: un modelo en crisis
La Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada recientemente no ha hecho sino confirmar el divorcio total entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas en materia habitacional. Lo que debía haber sido una cita para impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 ha derivado en una fractura institucional que compromete gravemente la credibilidad del propio plan. La reunión terminó sin acuerdos reales, sin compromisos de financiación claros y sin una hoja de ruta común para abordar uno de los principales problemas sociales del país.
El dato más alarmante: se excluyó del debate la recuperación de la Vivienda Protegida en Propiedad (VPT), una herramienta que durante décadas permitió el acceso a la vivienda a cientos de miles de familias trabajadoras en España. Su exclusión no es anecdótica, sino sintomática del rumbo errático de la política de vivienda.
Las reformas estructurales siguen en el cajón: la Ley de Vivienda sigue sin garantizar el derecho efectivo a la vivienda; la Ley de Arrendamientos Urbanos continúa favoreciendo la especulación de corto plazo; la Ley de Crédito Inmobiliario carece de mecanismos de protección ante el encarecimiento de tipos de interés; y la fiscalidad sigue penalizando la compra de vivienda social frente al alquiler especulativo.
Según el CIS, el 82 % de los ciudadanos sigue prefiriendo vivir en una vivienda en propiedad. Sin embargo, la política pública parece ir en dirección opuesta. - La VPT como solución estructural olvidada
Diversos expertos —desde el exdirector del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, hasta investigadores de la Universidad Pompeu Fabra— han advertido sobre los riesgos de una política exclusivamente orientada al alquiler. Sus estudios indican que el abandono del modelo de vivienda protegida en propiedad ha supuesto un punto de inflexión en la crisis habitacional actual.
Nosotros, desde la experiencia de más de cinco décadas en el sector inmobiliario y de vivienda social, defendemos que la reactivación de la VPT es una necesidad imperiosa. Esta modalidad, lejos de ser un anacronismo, representa una herramienta eficaz, justa y eficiente para generar un parque estable de vivienda asequible y evitar las dinámicas especulativas que dominan el alquiler.
Ayudas públicas bien diseñadas —como avales, bonificaciones fiscales, tipos de interés protegidos o reducción temporal del ITP e IVA al 1 % para la primera vivienda— permitirían que muchas familias actualmente atrapadas en el mercado del alquiler accedieran a una vivienda en propiedad. Esto tendría un doble efecto positivo: aliviaría la presión sobre el alquiler y ofrecería estabilidad y arraigo a las familias.
Además, no debemos olvidar que la rehabilitación del parque de viviendas existentes, los incentivos para alquilar a familias vulnerables o con hijos, y la transformación de locales y solares infrautilizados son claves complementarias de un nuevo modelo que debe basarse en la diversificación.
Bruselas ya ha llamado la atención a España por la falta de políticas estructurales en vivienda. No basta con regular el alquiler: hay que fomentar el acceso a la propiedad en condiciones dignas. - Contradicciones ideológicas y doble rasero
Una parte de la izquierda política sigue aferrada dogmáticamente a la idea de que la propiedad es «capitalista» y, por tanto, contraria a sus principios. Pero la realidad es otra: Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra accedieron a viviendas en propiedad de alto valor mediante condiciones hipotecarias privilegiadas. Lo que para ellos es una aspiración legítima, para el resto de la ciudadanía es una imposibilidad estructural. Esta doble moral ha erosionado la credibilidad de ciertas propuestas que, en nombre del progresismo, condenan a millones de personas a la precariedad habitacional.
La vivienda protegida en propiedad debe dejar de ser un tabú ideológico: es una herramienta de justicia social. - Un mercado invadido por microinversores
El abandono de la promoción pública y de las políticas activas de vivienda ha dado lugar a un mercado de alquiler dominado por pequeños inversores particulares. Muchos de ellos han adquirido varios inmuebles con hipotecas respaldadas por ingresos derivados del propio alquiler. En muchos casos, estos «nuevos arrendadores» han tomado cursos en redes sociales para maximizar beneficios, convirtiéndose en verdaderos rentistas que profesionalizan el mercado sin asumir las responsabilidades sociales de la vivienda.
La paradoja es evidente: inquilinos que pagan las hipotecas de sus caseros, alimentando una burbuja inmobiliaria silenciosa y profundamente desigual.
Algunos de estos inversores comienzan a actuar como promotores-rehabilitadores de locales y edificios, sustituyendo a las empresas promotoras desaparecidas tras la crisis de 2008. Este fenómeno podría canalizarse positivamente si existieran programas públicos de apoyo a la rehabilitación y transformación urbana con objetivos sociales. - Lo que dijeron los expertos en el Foro Mediterráneo
En el II Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica, diversos especialistas del sector alertaron de los riesgos estructurales que enfrenta el mercado residencial. Paloma Taltavull, Jorge Olcina y otros expertos de la Universidad de Alicante señalaron que el tejido empresarial vinculado a la vivienda sigue sin recuperarse desde la crisis de 2008.
Entre las propuestas destacadas:
promover la colaboración público-privada con criterios sociales,
movilizar el suelo público o en manos de entidades financieras,
crear bancos públicos de suelo,
y articular garantías jurídicas que den estabilidad a las inversiones.
El ejemplo histórico es claro: en los años 60 y 70, el Estado fomentó la creación de vivienda social en colaboración con promotores privados. Ese modelo permitió formar capital empresarial y construir vivienda asequible a gran escala. - Reformas clave para recuperar el derecho a la vivienda
Para revertir el rumbo, proponemos las siguientes medidas estructurales:
Reforma de la Ley de Vivienda para que el derecho a una vivienda digna y adecuada sea efectivo y exigible judicialmente.
Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar la duración de los contratos, limitar subidas abusivas y congelar rentas en momentos de emergencia.
Reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario para introducir hipotecas blindadas, con cuotas estables o con opción de cuota final flexible.
Fiscalidad favorable a la vivienda social: reducción del ITP e IVA al 1 %, exenciones fiscales para la rehabilitación y deducciones para arrendadores solidarios.
Recuperación de la banca pública territorial mediante cajas postales o acuerdos con entidades como CaixaBank, ICO y otras para financiar hasta el 100 % de la vivienda protegida, en régimen de propiedad o alquiler con opción a compra.
Registro nacional de viviendas vacías, coordinación con los ayuntamientos y penalización fiscal a la especulación residencial. - Conclusión: De la retórica al abismo, o el nuevo comienzo
El Plan Estatal 2026–2030 ha nacido sin rumbo, sin consenso y sin voluntad de transformación. El rechazo a la VPT, la falta de reformas normativas y fiscales, y la desconexión total entre administraciones amenazan con consolidar una crisis habitacional crónica.
La vivienda es un derecho, no una mercancía. Las soluciones están sobre la mesa. Falta voluntad política, coraje institucional y una nueva narrativa que devuelva a las personas al centro del sistema. La VPT no es una propuesta nostálgica: es la llave para desactivar la burbuja del alquiler, construir arraigo y devolver la dignidad a quienes hoy viven en la inseguridad permanente.
España necesita una política habitacional para el siglo XXI. Y el momento de actuar es ahora.
DebatePublico 