Escasez de mano de obra en la construcción, inmigración irregular bloqueada, políticas de vivienda paralizadas… En Alicante faltan 50.000 trabajadores en el sector, mientras miles de inmigrantes formados siguen sin acceso legal al empleo. Ante esta contradicción inaceptable, defendemos una medida sensata: regularización automática para quienes puedan demostrar capacitación profesional.
La provincia de Alicante necesita urgentemente 50.000 trabajadores en la construcción, según datos del propio sector. Oficios como albañiles, peones, encargados de obra, escayolistas o montadores están en una situación crítica. Y mientras tanto, miles de personas migrantes residen en España sin poder trabajar legalmente pese a estar dispuestas y capacitadas.
¿Por qué no se avanza en una regularización automática de inmigrantes que superen pruebas de aptitud profesional? Esta medida permitiría activar mano de obra inmediata, legal y formada, y daría respuesta tanto a la emergencia laboral como a la justicia social. Los actuales trámites de contratación en origen tardan entre seis meses y un año. ¿Tiene sentido esta espera cuando hay obra paralizada y plazos incumplidos?
Este bloqueo laboral tiene raíces profundas: la parálisis del sector de la vivienda protegida (VPT) desde 2013 —cuando el PP modificó el plan estatal— ha derivado en burbuja de alquileres y en la caída de la construcción pública y social. La falta de previsión y políticas erráticas agravan el problema año tras año.
Urge una política coordinada de empleo, inmigración y vivienda que atienda las necesidades reales del país. Hay que dejar de mirar hacia otro lado. ¿Quién se atreverá por fin a ponerle el cascabel al gato?
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