La democracia interna no puede ser aplazada indefinidamente
Las Comunidades y el Proyecto País necesitan herramientas reales
La participación no se delega, se garantiza
La reciente aprobación de los Estatutos de Movimiento Sumar deja abiertas serias incógnitas que afectan a los compromisos más esenciales con la democracia participativa. Aunque el texto recoge ideales encomiables, su desarrollo práctico presenta omisiones y retrasos que desdibujan las garantías necesarias para construir una organización verdaderamente abierta y horizontal.
El primer gran escollo es la ausencia del Reglamento de Participación y Rendición de Cuentas. Se acordó expresamente en la Asamblea General de Madrid que este reglamento se presentaría y votaría junto a los Estatutos. Sin embargo, no solo no se ha presentado, sino que se remite su redacción a una fase futura bajo control exclusivo del Grupo Coordinador, sin calendario ni participación vinculante. Esta omisión contradice los compromisos adquiridos y deja en suspenso los derechos fundamentales de los miembros y simpatizantes.
Este reglamento no es un accesorio, sino el instrumento clave que define quién puede participar, cómo se toman decisiones colectivas, y cómo se garantizan consultas, asambleas abiertas o encuentros temáticos. Su ausencia vacía de contenido el artículo 5 de los Estatutos y posterga la aplicación de sus principios a voluntad del órgano ejecutivo.
Las Comunidades y el Proyecto País necesitan herramientas reales
Otro punto crítico es la falta de desarrollo operativo de las Comunidades de Sumar, espacios pensados para articular la participación temática y sectorial. Su rol está reconocido formalmente, pero sin reglamentos internos, sin canales efectivos de coordinación ni autonomía territorial real, corren el riesgo de quedar como estructuras simbólicas sin capacidad de movilización ni influencia política.
El mismo vacío afecta al Proyecto País. Concebido como espacio estratégico de inteligencia colectiva, este instrumento pretende recoger propuestas desde abajo y conectarlas con la acción institucional. No obstante, en muchas localidades —como Elche, donde existen grupos activos sobre vivienda—, su puesta en marcha es inexistente, sin reconocimiento ni acompañamiento estatal.
Estas carencias revelan una tensión de fondo entre la voluntad de fomentar participación real y la tendencia a centralizar decisiones en órganos ejecutivos. Los aplazamientos, la falta de mecanismos claros y la escasa transparencia generan frustración y desafección entre quienes más creen en el proyecto.
La participación no se delega, se garantiza
No se trata de exigir una perfección inmediata, sino de reclamar coherencia. Si Sumar se define como un movimiento participativo, su funcionamiento interno debe reflejar ese compromiso. Si aspiramos a una política del siglo XXI, no se puede gobernar con métodos del siglo XX.
Por ello, es urgente reabrir el debate sobre los Estatutos, presentar y validar de forma democrática el Reglamento de Participación, dotar a las Comunidades de herramientas reales y activar con garantías el Proyecto País en todo el territorio.
Sumar nació para ser diferente. Aún estamos a tiempo de cumplir esa promesa.
Epílogo: una reforma pendiente en la Ley de Partidos
La situación vivida en Sumar ilustra un problema más amplio: la necesidad de reformar la Ley de Partidos Políticos en España. Es hora de que los principios de participación, transparencia y democracia interna sean obligatorios por ley. Reglamentos internos, asambleas abiertas, consultas vinculantes y rendición de cuentas deben dejar de ser opciones voluntarias y convertirse en estándares democráticos exigibles.
La ciudadanía exige otra forma de hacer política. Aplicarla dentro de nuestras propias estructuras es el primer paso para cambiarla fuera.
DebatePublico 