Un desalojo por sorpresa, sin alternativas de realojo, sin previo aviso fehaciente y sin poder recoger siquiera los objetos personales. Esta es la situación que viven desde mediados de abril los vecinos del bloque ubicado en la calle Palombar nº 1, 3, 5 y 7, en el barrio de San Antón de Elche.
El Ayuntamiento dictó la declaración de ruina inminente y el desalojo inmediato de este edificio, ignorando por completo el marco legal y urbanístico en el que se inscribe: el Plan de Reforma Interior Modificativo (PRI) del barrio de San Antón. Este plan, aprobado con eficacia normativa, establece compromisos concretos del consistorio en cuanto a mantenimiento de los edificios antiguos, realojo digno y programación escalonada de las demoliciones. Ninguno de estos compromisos se ha cumplido.
Los vecinos afectados no sólo denuncian la falta de alternativas habitacionales o ayudas de emergencia, sino también la ausencia total de mantenimiento en el edificio, como prevé expresamente el propio PRI. De hecho, según el artículo 10 del plan, el Ayuntamiento debe garantizar la seguridad y habitabilidad de los bloques hasta que se realicen los realojos y las nuevas promociones. Por tanto, el progresivo deterioro del inmueble —especialmente en la planta baja, foco de humedad y patologías estructurales— no es sino el resultado de una omisión municipal continuada.
Sin defensa ni protección legal
Los vecinos del bloque desalojado tampoco fueron informados adecuadamente del decreto de desalojo. Muchos de ellos estaban trabajando cuando se ejecutó y no pudieron ni siquiera recoger medicamentos, documentos o pertenencias esenciales. Tampoco se permitió a las familias comparecer con asistencia técnica o jurídica durante el proceso. La indefensión ha sido total.
Además, el decreto municipal ni siquiera menciona que el edificio está afectado por el PRI, ni las obligaciones específicas que ello conlleva. Esta omisión, que también ha sido denunciada en el recurso de alzada ya interpuesto por los afectados, podría tener consecuencias jurídicas importantes.
¿Y ahora qué?
El barrio de San Antón no puede seguir siendo tratado como un asunto menor. La responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento está en entredicho. Se exige no solo la anulación del desalojo tal y como se ha producido, sino el cumplimiento inmediato de las obligaciones asumidas en el PRI: mantenimiento, realojo, revisión estructural del resto de bloques y activación de un plan urgente de intervención social.
Además, resulta incoherente y preocupante que el Ayuntamiento centre ahora sus esfuerzos en acelerar las demoliciones, cuando ni siquiera ha garantizado la financiación de la segunda fase del PRI, valorada en más de 25 o 30 millones de euros. Mientras tanto, más de 300 viviendas vacías podrían ser rehabilitadas y puestas a disposición inmediata como parque de vivienda social para las cientos de familias que las necesitan urgentemente. Persistir en su demolición masiva, además del coste y del impacto ambiental que ello supondría, abriría un nuevo conflicto aún mayor.
Un plan que llegó tarde, muy tarde
El PRI de San Antón preveía concluir su primera fase en 2017. Sin embargo, esta fase no finalizó hasta 2025, con 8 años de retraso y sin haber dado aún solución a las más de 700 familias que siguen habitando en los bloques antiguos, muchos de ellos sin mantenimiento ni rehabilitación mínima. A pesar de los convenios firmados —como el del año 2014 en el marco del ARRU o el inicial de 2005 con el IVVSA— que atribuían expresamente al Ayuntamiento la ejecución de las obras de mantenimiento y el compromiso de realojos por fases completas y bloques enteros, estas obligaciones se han incumplido sistemáticamente.
Lejos de haber finalizado esa estrategia por fases, varios bloques siguen aún hoy ocupados por vecinos —muchos de ellos especialmente vulnerables— que no han podido acceder a viviendas nuevas y no aceptan renunciar a su propiedad para acabar en un alquiler precario. Esta situación ha ido agravándose, mientras las autoridades municipales priorizan la demolición inmediata sin haber resuelto ni técnica ni financieramente las siguientes fases de obra.
Alternativas viables y compromiso institucional
Es imprescindible que se reconozca el valor social y urbano del parque residencial existente, y que se estudien soluciones intermedias, como la rehabilitación urgente de las más de 300 viviendas vacías en vez de su costosa demolición. Esa medida permitiría disponer a corto plazo de viviendas sociales tan necesarias, reducir el impacto ambiental y evitar nuevos conflictos vecinales.
La ciudadanía exige un compromiso firme con el barrio de San Antón. Un barrio que ha esperado demasiado. Que ha sido marginado en los presupuestos, en la planificación, en los calendarios. Es hora de que las instituciones actúen con responsabilidad, memoria y justicia.
San Antón merece respeto, memoria y compromiso.
DebatePublico 