Cuando José María Aznar pactó en apenas 24 horas con los nacionalistas vascos y catalanes para lograr la investidura en 1996, no parecía entonces que eso deslegitimara su Gobierno ni que pusiera en jaque la democracia. Aquella decisión —tan pragmática como necesaria para gobernar— no fue tratada como una traición a España, sino como un gesto de altura política en un sistema parlamentario.

Hoy, sin embargo, se lanza desde sectores del PP una crítica radical a cualquier acuerdo con fuerzas soberanistas, mientras se olvida —o se borra intencionadamente— que el propio Aznar no dudó en denominar a ETA como “Movimiento Vasco de Liberación Nacional” en el marco de un intento de negociación.

No se trata de negar los desacuerdos políticos, sino de aplicar la misma vara de medir para todos. Si ayer se entendía que dialogar era legítimo, hoy no puede presentarse como delito. Más aún, si el PP quiere ser alternativa de Estado, haría bien en revisar su estrategia de enfrentamiento constante y su aproximación a VOX, para construir, como en Alemania, consensos que ensanchen la democracia en lugar de encogerla.

No es el diálogo lo que debilita el Estado de Derecho, sino el olvido interesado y la demagogia con fines electorales.

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