Silenciar el valenciano es romper raíces

Resulta esperpéntico el caso de la niña de Elche obligada a cambiar de lengua en la escuela por un desacuerdo entre sus progenitores. Llevaba tres años estudiando en valenciano, aprendiendo a leer, a expresarse y a construir su identidad en esa lengua. Hoy, por una ley que ni la protege ni la incentiva, queda a la espera de una decisión judicial, separada de su grupo y de su entorno educativo natural.

La llamada “Ley de Libertad Educativa” se presenta como un derecho de elección, pero en la práctica ignora el derecho fundamental a aprender en la lengua propia, que forma parte del patrimonio cultural y emocional de un pueblo. El valenciano no es un simple vehículo de comunicación: es portador de historia, valores e identidad. Su defensa no es ideológica, es cultural y humana.

Las lenguas autóctonas crean sentido de pertenencia, transmiten conocimientos y fortalecen la autoestima. Privar a un menor de continuar su educación en la lengua de su tierra es romper ese vínculo, es debilitar la diversidad cultural y empobrecer el sistema educativo.

Lo ocurrido no refleja libertad, sino una falta de sensibilidad institucional. Mientras se resuelve un conflicto legal, se daña algo mucho más profundo: el derecho a ser educado en la lengua que nos conecta con nuestra comunidad, nuestro pasado y nuestra manera de entender el mundo. Y todo ello, en un contexto donde las políticas públicas avanzan peligrosamente hacia un retroceso y ninguneo del valenciano, disfrazado de neutralidad.