El reciente episodio vinculado a Venezuela —incluidas informaciones, versiones y desmentidos en torno a la situación de su presidente y a la presión externa sobre el país— ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que va mucho más allá de un conflicto nacional concreto. Venezuela no es el origen del problema, sino un síntoma. Un síntoma de cómo funciona hoy el poder global y de por qué la democracia atraviesa una crisis estructural que no puede explicarse solo en términos internos o ideológicos.
Durante siglos, el mando del mundo se ejerció mediante la fuerza militar directa. Imperios, conquistas y guerras abiertas definían el orden internacional. Sin embargo, incluso entonces, la fuerza nunca actuó sola: siempre estuvo respaldada por intereses económicos, control de recursos, comercio y rutas estratégicas. La novedad del presente no es la existencia de la fuerza, sino su desplazamiento funcional. Hoy la fuerza militar ya no es el centro del mando, sino el último garante de un poder previo: el poder económico-infraestructural.
Ese poder se articula en torno a cuatro grandes ejes: moneda y finanzas, energía y recursos críticos, tecnología y datos, y logística y rutas comerciales. Quien controla esos ejes no necesita intervenir militarmente de forma permanente; le basta con condicionar, asfixiar, permitir o bloquear. Las sanciones, los accesos al crédito, los estándares tecnológicos o el suministro energético se han convertido en instrumentos de primer orden. La intervención armada queda como opción final, cuando todo lo demás falla.
En este marco, el mundo avanza hacia una configuración casi bipolar, aunque muy distinta de la Guerra Fría clásica. No se trata de dos bloques ideológicos cerrados, sino de dos grandes ecosistemas de poder. Por un lado, un bloque articulado en torno a finanzas globales, control monetario, tecnología avanzada y capacidad sancionadora. Por otro, un bloque que prioriza producción industrial, acceso a recursos, energía y construcción de rutas alternativas. Muchos países no eligen libremente entre uno u otro: orbitan según sus dependencias económicas y estratégicas.
Aquí es donde entra China, no como actor ideológico, sino como actor sistémico. Su estrategia no se basa en la confrontación militar directa, sino en la paciencia económica, la expansión de infraestructuras, el comercio, la financiación y la no injerencia formal. China no pretende exportar un modelo democrático ni autoritario; pretende asegurar estabilidad para su desarrollo y ampliar su margen de maniobra en un sistema dominado durante décadas por otros. Su reacción ante episodios como el venezolano suele ser coherente con esta lógica: rechazo a la intervención unilateral, defensa del principio de soberanía y lectura económica de los conflictos.
Venezuela, en este contexto, aparece como un nudo estratégico: energía, posición regional y valor simbólico. Las presiones externas, las sanciones y los intentos de aislamiento no pueden entenderse como un simple pulso entre democracia y autoritarismo. Son, sobre todo, movimientos dentro de una pugna mayor por el control de recursos y de equilibrios regionales. Las informaciones contradictorias, los relatos enfrentados y la ausencia de un arbitraje internacional eficaz muestran hasta qué punto la llamada “comunidad internacional” carece hoy de un verdadero mecanismo democrático de decisión.
Y aquí emerge el problema de fondo: la democracia ha quedado desalineada respecto al poder real. La democracia avanzó históricamente cuando el Estado podía gobernar su economía, cuando el poder era visible y cuando las decisiones fundamentales se tomaban dentro de marcos nacionales. Hoy, en cambio, la economía es global, el poder es opaco y transnacional, y las decisiones estratégicas se toman fuera del alcance del control ciudadano. Las instituciones democráticas gestionan consecuencias, pero no gobiernan el sistema.
Esto explica por qué la democracia no retrocede solo en Venezuela, sino en múltiples lugares del mundo, incluidos países formalmente democráticos. No se trata de un fallo cultural ni de una conspiración, sino de una crisis estructural: la democracia no decide quién decide. Cuando el núcleo del poder se desplaza a esferas no electas —financieras, tecnológicas, energéticas—, la democracia se convierte en un mecanismo de legitimación y contención, no de mando.
La consecuencia es doble. Por un lado, crece el autoritarismo, no como anomalía, sino como respuesta a una democracia percibida como impotente. Por otro, se normaliza un discurso de “seguridad” y “estabilidad” que saca cada vez más decisiones del debate público. El resultado es una postdemocracia: elecciones formales, pero poder real blindado.
En conclusión, el conflicto venezolano, el papel de China y la configuración casi bipolar del mundo no son episodios aislados. Son expresiones de un mismo proceso: el desplazamiento del poder desde la política democrática hacia la economía geopolítica, con la fuerza militar como garante último. El gran debate del siglo XXI no es moral ni ideológico, sino estructural: o la democracia logra alcanzar y gobernar el nivel del poder económico global, o quedará reducida a una gestión interna del descontento. De esa respuesta depende, en última instancia, el desarrollo social y humano del planeta.
DebatePublico 