La política de vivienda en España atraviesa un momento de desconexión absoluta entre los presupuestos publicitados y la realidad de la calle. Mientras los titulares anuncian inversiones históricas, los datos de ejecución real desvelan una parálisis administrativa sistémica que nos sitúa frente a un «acantilado» social sin precedentes para el año 2026. Como analista con 50 años de trayectoria, esta «experiencia clínica» me obliga a denunciar que el sistema actual no solo es lento, sino que es incapaz de proteger a la ciudadanía ante la crisis brutal que se avecina.

La ineficiencia como norma: Un diagnóstico demoledor

Las cifras de los últimos dos años son, sencillamente, inaceptables. En 2024, el Ministerio de Vivienda se situó a la cola de toda la Administración General del Estado, ejecutando apenas el 32% de su gasto previsto. De los aproximadamente $2.000$ millones de euros presupuestados, solo 640 millones llegaron a la economía real. Pero la cifra más sangrante es la de los fondos europeos: a finales de 2025, el 94% de los recursos del Plan de Recuperación destinados a vivienda seguían pendientes de ejecución.

Este «tapón administrativo» demuestra que el modelo de gestión centralizada y subvenciones directas a grandes promotores ha fracasado. El Gobierno ha subido la apuesta para el Plan Estatal 2026–2030, prometiendo subvenciones de hasta $1.200$ € por metro cuadrado para alquiler social frente a los 700 €/m² anteriores. Sin embargo, de nada sirve aumentar el importe si la maquinaria administrativa solo es capaz de digerir una tercera parte de lo que presupuesta.

El «Acantilado de 2026»: 630.000 hogares en el aire

El foco del problema tiene fecha: 2026. Se estima el vencimiento masivo de más de 632.369 contratos de alquiler, que afectan a 1,6 millones de personas. Muchos de estos arrendamientos, firmados durante la pandemia con precios contenidos y actualizados solo por el IPC, se enfrentan ahora a renovaciones con subidas de hasta el 30%.

Ante esta emergencia, la solución no puede ser cosmética. Es imperativo un Plan de Choque que decrete la prórroga automática y obligatoria de todos los contratos que venzan hasta finales de 2026, ganando el tiempo necesario para estabilizar el mercado. Esta prórroga debe venir acompañada de un límite estricto a las subidas de renta, reguladas entre el 2% y el 3% de acuerdo al nuevo índice IRAV, evitando que el «efecto embalsado» de estos años se traduzca en desahucios masivos por precariedad económica.

Plan Estatal Social: Seguro de Caución y Empleo

La protección del inquilino no debe ser a costa de la inseguridad del propietario. El nuevo Plan Estatal Social que defendemos debe integrar el seguro de caución público. El Estado debe actuar como avalista de las familias vulnerables, garantizando el cobro íntegro de la renta y los suministros a los propietarios. Esto no solo aporta seguridad jurídica, sino que desactiva el miedo que hoy retrae la oferta.

Sin embargo, para que el sistema sea sostenible, debe existir una vinculación directa con las oficinas de empleo social adecuado. La vivienda no es un compartimento estanco; es la base del empleo. Proponemos que las oficinas del Cheque Vivienda, centralizadas en ventanillas únicas de proximidad como las OMACS de Elche o la Red Xaloc, actúen en coordinación con los servicios de empleo. Esta red debe detectar el riesgo de vulnerabilidad antes de que se produzca el impago, ofreciendo formación y recolocación laboral. Es la única vía real para evitar las ocupaciones ilegales: ofrecer una salida digna y un respaldo público que evite que la desesperación se convierta en ilegalidad.

El Cheque Vivienda VASA/GPV: La agilidad como respuesta

Frente a los programas de subvención que tardan años en ejecutarse, nuestro modelo VASA/GPV apuesta por la inmediatez del Cheque Vivienda. En lugar de esperar a que se construyan 25.000 viviendas que nunca llegan, el Estado debe otorgar garantías y ayudas directas para que el ciudadano acuda al mercado libre con el respaldo de una Garantía Pública Vivienda (GPV).

Para ello, las Oficinas del Cheque Vivienda deben tener autonomía para tramitar:

1. Avales ICO al 100% para la compra de vivienda habitual, eliminando la barrera del ahorro previo.
2. Reducción fiscal al 1% (IVA/ITP) para vivienda protegida, transformando un gasto impositivo en ahorro familiar inmediato.
3. Hipotecas de cuota blindada, asegurando que el esfuerzo financiero nunca supere el 30% de los ingresos, incluso ante la volatilidad de tipos.

Conclusión: Una reforma estructural inaplazable

La ruptura en la Conferencia Sectorial de Vivienda es el síntoma de un modelo agotado. No podemos permitirnos otro año con el 94% de los fondos sin ejecutar mientras 1,6 millones de inquilinos entran en pánico ante el calendario de 2026. La solución pasa por la prórroga automática, la limitación de precios y, sobre todo, por una gestión ágil en ventanilla única que entienda que la vivienda es el quinto pilar del Estado del Bienestar. Es el momento de aplicar el Plan VASA para devolver la dignidad y la propiedad protegida a las familias españolas.