Este próximo domingo, las calles del barrio de San Antón en Elche se llenarán de nuevo con el estruendo de la pólvora y el fervor de su tradicional romería. Sin embargo, tras el humo de las carcasas y el olor a incienso, se esconde una realidad que la propaganda institucional intenta sepultar bajo cemento y ladrillo nuevo. San Antón no está viviendo la regeneración prometida; está sufriendo un proceso de desmantelamiento social y un fracaso administrativo que ya se prolonga más de dos décadas.

El anuncio de la víspera: ¿Gestión o propaganda?

Apenas 72 horas antes de la festividad, la Junta de Gobierno local ha lanzado su «anuncio estrella»: la licitación del nuevo edificio de 45 viviendas por 4,6 millones de euros. Un proyecto que, según el alcalde Pablo Ruz, empezará antes del verano y tardará 24 meses en ejecutarse. Para el observador externo, parece una noticia excelente. Para quien conoce la genealogía del barrio, es una maniobra de distracción que deja más preguntas que respuestas.

¿Qué sucede con las más de 700 familias que siguen esperando en los bloques degradados? El propio alcalde ha admitido en rueda de prensa que es «imposible» continuar con las dos terceras partes del plan que faltan sin la financiación del Estado. Esta confesión es el acta de defunción del modelo actual. Se ha apostado por un sistema de demolición y reconstrucción total que ha demostrado ser financieramente insostenible, lento y destructivo con el tejido social.

El Bloque 8: El drama de la «Ruina Técnica»

El caso del Bloque 8, desalojado el pasado abril, es el epicentro de la indignación actual. Los vecinos fueron sacados de sus casas con lo puesto, bajo una declaración de ruina que hoy se revela como el gran nudo legal del conflicto. Según las últimas informaciones, el edificio se encuentra en situación de ruina técnica, no inminente. Esto significa que el edificio no va a colapsar mañana, sino que el coste de su reparación supera el 50% de su valor de construcción.

Si no hay peligro de derrumbe inmediato, ¿por qué se impide a los vecinos acceder a recuperar sus enseres y recuerdos? Mientras el Ayuntamiento se escuda en «informes técnicos» para mantener el tapiado, los vecinos organizan patrullas ciudadanas para evitar robos. Es una situación kafkiana: la administración les prohíbe entrar por su seguridad, pero no garantiza la seguridad de sus bienes, forzando a personas mayores a vigilar sus antiguas casas desde la calle.

La omisión deliberada: El «pecado» jurídico

Aquí reside el punto más crítico de nuestra investigación: en los documentos oficiales de declaración de ruina se omite sistemáticamente que estos edificios están afectados por un Plan de Reforma Interior (PRI). Esta no es una ausencia baladí. Al estar incluidos en un PRI, la administración local adquiere una obligación legal de tutela, mantenimiento y protección de los residentes que va mucho más allá de un barrio convencional.

Al omitir esta condición en los decretos de ruina, el Ayuntamiento elude su propia responsabilidad en el deterioro de los inmuebles. El edificio no ha llegado a la ruina por el paso del tiempo, sino por la dejadez de funciones de una administración que, obligada por ley a mantener los bloques mientras se ejecutaba el plan, decidió mirar hacia otro lado. Se culpa al edificio de su estado para justificar el derribo, cuando el estado del edificio es la prueba del incumplimiento municipal.

Porfirio Pascual frente a San Antón: Dos modelos, dos realidades

La comparación es inevitable y dolorosa. Mientras en el barrio Porfirio Pascual los vecinos se plantaron y exigieron acogerse a los fondos europeos Next Generation para una rehabilitación integral, en San Antón se impuso el modelo PIMESA: demolición total.

En Porfirio Pascual se ha respetado la identidad, el urbanismo y la propiedad de los vecinos. En San Antón se está borrando el rastro de un barrio histórico. Se han destruido comercios locales, parques, el pino centenario y las zonas de petanca, sustituyéndolos por bloques impersonales que, para colmo, ofrecen viviendas de apenas 45 metros cuadrados. Se está forzando a los vecinos a cambiar pisos espaciosos por «cajas de zapatos» en un proceso de sustitución que muchos no pueden permitirse, viéndose obligados a malvender y marcharse.

El horizonte de 2026: ¿La última oportunidad?

El ejercicio 2026 se presenta como la última frontera para recuperar la cordura urbanística en Elche. Aún existe margen para virar hacia la rehabilitación responsable y comunitaria que permite la normativa europea. La Unión Europea prioriza hoy el «carbono embebido» y la sostenibilidad; derribar edificios que podrían ser rehabilitados es una política del siglo pasado que choca frontalmente con las directivas actuales de eficiencia energética.

El Ayuntamiento debe dejar de utilizar a los vecinos como arma arrojadiza contra el Gobierno Central para tapar su propia incapacidad de gestión. San Antón no necesita más «mesas técnico-jurídicas» que nunca se convocan, ni promesas de licitación de edificios que tardarán años en llegar. Necesitan recuperar sus vidas del Bloque 8, necesitan un mantenimiento digno de los bloques que aún quedan y, sobre todo, necesitan que se reconozca que su barrio no es un solar en blanco, sino una comunidad con derechos.

Este domingo, cuando las autoridades bendigan los animales en la Ermita, sería un buen momento para que reflexionen sobre si están bendiciendo una regeneración o si, por el contrario, están oficiando el funeral de un barrio que se niega a morir a pesar de sus gobernantes.