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La inversión que define un país

Durante más de treinta años, España ha apostado de forma decidida por la alta velocidad ferroviaria. El AVE se ha convertido en un símbolo de modernidad, cohesión territorial y prestigio internacional. Hoy somos líderes europeos en kilómetros de líneas de alta velocidad. Sin embargo, ese liderazgo plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿hemos invertido bien?, ¿o hemos priorizado la velocidad frente al servicio cotidiano que utiliza la mayoría de la ciudadanía?

La comparación entre la inversión en AVE y en Cercanías es reveladora. Desde los años noventa, la mayor parte del esfuerzo presupuestario ferroviario se ha concentrado en la alta velocidad, mientras que las Cercanías —el sistema que usan millones de personas a diario para ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos— han quedado relegadas a un segundo plano. No se trata de una sensación subjetiva, sino de una decisión estructural sostenida durante décadas. El resultado es conocido por todos: un AVE moderno y fiable frente a unas Cercanías saturadas, envejecidas y con incidencias constantes.

Conviene subrayarlo con claridad: el problema no es el AVE en sí. La alta velocidad es útil en corredores con demanda real, reduce vuelos y conecta grandes áreas urbanas. El problema es haber convertido esa infraestructura en el eje casi exclusivo de la política ferroviaria, sin un refuerzo equivalente de la red cotidiana. Invertir en Cercanías no es menos estratégico; al contrario, es la inversión con mayor retorno social, económico y ambiental por euro gastado.

Este desequilibrio tiene además implicaciones técnicas y de seguridad que no pueden ignorarse. La alta velocidad es intrínsecamente segura, pero su seguridad no es automática ni eterna. Depende de un sistema complejo que incluye mantenimiento preventivo, supervisión continua, protocolos de emergencia eficaces y una cultura de prevención que no admita zonas grises. Cuando una red se expande, aumenta el tráfico y se incorporan nuevos operadores, la exigencia técnica crece de forma exponencial.

En este contexto, resulta legítimo preguntarse si los protocolos de activación de alarmas, los sistemas de geolocalización, la respuesta ante incidencias y la coordinación con los servicios de emergencia están siempre a la altura de una red tan extensa y exigente como la española. También si las auditorías de seguridad y mantenimiento deberían ser más frecuentes, más transparentes y, sobre todo, externas e independientes. La prevención no es un gasto superfluo: es la condición que permite que las estadísticas sigan siendo buenas y que los riesgos no se acumulen silenciosamente.

La experiencia demuestra que los grandes accidentes no suelen ser fruto de una única causa, sino de una cadena de decisiones, omisiones o protocolos insuficientes. Por eso, en otros países europeos, fallos graves en infraestructuras de transporte han conllevado asunción de responsabilidades políticas inmediatas, más allá de lo que determinen después los tribunales. En España, esa cultura de responsabilidad sigue siendo débil y excesivamente defensiva.