El rechazo de la Ley Ómnibus y la caída de la paralización de desahucios reflejan algo más profundo que un fracaso parlamentario puntual. Resulta incomprensible que no se haya intentado negociar una mayoría suficiente en torno a medidas equilibradas, que ofrezcan seguridad jurídica y económica a todas las partes, evitando la actual guerra política entre actores que nada resuelve.
En una sociedad de libre mercado, los gobiernos tienen la obligación de equilibrar intereses, partiendo siempre de una base irrenunciable: la protección efectiva del derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Ley de Vivienda, aunque todavía no como derecho subjetivo, una asignatura pendiente salvo excepciones como el País Vasco.
La ausencia de ese equilibrio está generando un escenario insostenible: familias vulnerables sin protección real y pequeños arrendadores convertidos, de facto, en sustitutos del Estado. Este modelo no es justo ni viable.
Lo razonable sería aplicar mecanismos transitorios de garantía, como el Cheque Vivienda u otros sistemas equivalentes, que aseguren mediante aval público y pago efectivo el acceso a la vivienda de las familias vulnerables, sin trasladar la carga a los arrendadores. Ello permitiría, además, reformar la normativa para impedir situaciones de ocupación irregular y devolver seguridad al mercado.
A esta medida debería sumarse una reforma urgente de la LAU, prorrogando automáticamente durante al menos dos años los más de 600.000 contratos que vencen este año, con actualización según el índice IRAV, ganando tiempo para construir garantías estables.
La vivienda exige un pacto racional, donde la protección de la ciudadanía y sus derechos esté por delant
del interés político inmediato.
José Joaquín Belda Gonzálvez
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)
Analista de políticas de vivienda
DebatePublico 