Economía, envejecimiento y justicia social
El debate sobre la inmigración en España suele abordarse desde el miedo o el prejuicio, cuando en realidad debería analizarse desde la economía real y la demografía. Como ha señalado recientemente el ministro Pablo Bustinduy, la regularización de personas migrantes no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también de responsabilidad económica y social.
España afronta un envejecimiento acelerado, una baja natalidad persistente y una falta estructural de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción, la hostelería, los cuidados, el transporte, la logística o los servicios sociales. En muchos de ellos, la aportación de trabajadores migrantes es ya imprescindible. Sin esa fuerza laboral, buena parte del crecimiento económico y del funcionamiento cotidiano del país sería inviable.
El economista Amartya Sen recordaba que «el desarrollo consiste en ampliar las capacidades reales de las personas». Mantener a miles de trabajadores en la invisibilidad legal no solo es injusto, sino también ineficiente. Regularizar, aunque sea de forma transitoria, permite cotizar, recaudar impuestos, reducir la economía sumergida y planificar políticas públicas con mayor realismo.
Por su parte, Karl Polanyi advirtió que las sociedades que ignoran las realidades económicas terminan generando tensiones sociales profundas. Los flujos migratorios existen con o sin muros; la diferencia está en gestionarlos con inteligencia o condenarlos a la precariedad.
Negar la aportación de la inmigración al PIB y al sostenimiento del Estado del bienestar, alimentando discursos excluyentes, no es solo moralmente cuestionable: es económicamente irresponsable.
DebatePublico 