Mi comentario de hoy esta referido de una forma general a la situación del Urbanismo el Empleo la democracia y la participación ciudadana en nuestra ciudad por su interrelación existente. Decir que a estas alturas del mandato del nuevo gobierno municipal los principales proyectos de actuación que determinaran el futuro económico social y sostenible son el Mercado Central, plan estratégico comercial y turístico para la ciudad y para el centro histórico, El Barrio de San Antón, la supuesta ampliación del Parque Empresarial y un plan de choque para apoyar la reindustrialización del calzado que evite y frene su deslocalización. En lineas general estas actuaciones son los grandes retos que fijaran el antes y el después del municipio ilicitano.
Para ello la actual praxis política de los últimos gobiernos municipales la de los alcaldes Diego Macia, Alejandro Soler, Mercedes Alonso y ahora Carlos , desde luego no han favorecido ni lo hacen nada ahora, todos ellos han actuado y lo que es peor es que siguen prometiendo una cosa y haciendo la otra tan pronto llevan un poquito de tiempo gobernado a pesar de la gran crisis de credibilidad política y corrupción existente. Favoreciendo así las grandes recalificaciones y pelotazos urbanísticos del PGOU, que siempre tienen destino privado disimuladamente «ad hoc», que se benefician de ello, sin contar por supuesto con los colectivos sociales y la ciudadanía, eso si se llenan de postureo sobre los temas intrascendentes,. ello terminan lastrando bloqueando y perjudicando el empleo intenso que la rehabilitación por parte de los particulares de las más de mil viviendas del Barrio San Antón, y la rehabilitación y modernización del Mercado Central, sin afectar con un parking innecesario a la plaza de las Flores en plena actividad económica, cuya debilidad les obligaría prácticamente a cerrar ó la optimización de los recursos existentes, como todo el suelo totalmente urbanizado de la 3ª fase sin construir una sola nave están generando para los intereses generales de los ilicitanos.
Sentencias indemnizatorias de más de 3 millones de euros para el ayuntamiento que después no se responsabilizan los ejecutores políticos como ha sido la del Hort de Ripoll, definida por el TS de arbitraria en contra de los intereses públicos, ya que hasta la urbanización se favoreció, o la anulación del plan urbanistico del Aljub, ect.