Estas son solo el inicio de las dramáticas consecuencias, que se multiplicaran si Pimesa y el Ayuntamiento realizan las adjudicaciones fraudulentas del nuevo edificio sin respetar el orden de prelación del sorteo de todos los vecinos antes notario y en los convenios con las administraciones públicas y planes urbanísticos, donde se comprometen y obligan a realizar los realojos por bloques completos, y no desocupando viviendas de 4 edificios como pretenden unilateralmente poniendo en peligro a los vecinos vulnerables, degradando más el barrio, que se tienen que quedar en las antiguas porque no tienen recursos con las nuevas condiciones que les impone Pimesa y el ayuntamiento, cuyo único fin es hacer negocio y no cumplir sus compromisos sociales, les prometieron una vivienda nueva a cambio de los derechos urbanisticos y mayor edificabilidad del nuevo barrio, y ahora los dejan así y encima su vivienda afectada por derribo con lo que no la pueden vender libre de cargas y su valor lo pierde a más del 50%, sin poder siquiera rehabilitar la misma.
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