Hay decisiones públicas que pueden discutirse. Otras pueden matizarse. Y luego están las que solo pueden

describirse como lo que son: una auténtica salvajada.

El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 destina más de 85.000 euros por vivienda a fondo perdido, más financiación preferente del ICO, para que los grandes fondos, grandes tenedores e inversores institucionales construyan viviendas destinadas al alquiler. Mientras tanto, las familias, los jóvenes, las PYMES y los profesionales del sector reciben cero euros para acceder a su primera vivienda en propiedad.

No es una exageración. Es una transferencia directa de recursos públicos hacia quienes menos lo necesitan. Y es la confirmación de que la política de vivienda en España ha perdido el rumbo, la memoria y el sentido común.

🟥 El origen de esta locura: 2013, el año que destruyó la VPT y creó la burbuja del alquiler

La crisis actual no nació sola. Fue fabricada.

En 2013, el Gobierno eliminó las Viviendas de Protección Oficial (VPT), el único sistema que garantizaba acceso social a la primera vivienda. Ese error abrió la puerta a:

• la desaparición de la vivienda asequible en propiedad,
• la entrada masiva de fondos buitres,
• la compra de viviendas desahuciadas por bancos rescatados con dinero público,
• y la creación de la burbuja del alquiler.

Los gobiernos posteriores —incluidos los responsables de vivienda de la etapa Ábalos— no corrigieron nada. Durante más de una década, España ha vivido una anarquía institucional que ha empobrecido a la clase media y ha entregado el mercado a los grandes operadores.

🟥 La “salvada” de los 85.000 €: el rescate silencioso a los grandes fondos

El nuevo Plan Estatal no solo no corrige el error de 2013: lo multiplica.

En lugar de reconstruir un sistema de propiedad social, en lugar de recuperar la VPT, en lugar de financiar a las familias, en lugar de desarrollar suelo público, en lugar de crear banca pública, en lugar de blindar cuotas hipotecarias…

👉 se subvenciona a los grandes fondos para que sigan acumulando activos.

Es decir: el Estado paga, los fondos ganan, las familias esperan.

Y lo más grave: se pretende vender como “política social” lo que en realidad es ingeniería financiera con dinero público.

🟥 La consecuencia: desigualdad, empobrecimiento y pérdida de patrimonio social

Mientras los fondos reciben subvenciones, las familias reciben alquileres imposibles. Mientras los grandes tenedores consolidan patrimonio, la clase media pierde capacidad de ahorro. Mientras se financia a los inversores institucionales, se abandona a las PYMES, cooperativas y micro‑promotores.

La brecha patrimonial es ya la mayor de nuestra historia reciente. Y el Plan Estatal la agrava.

🟥 Los micro‑inversores: síntoma de un sistema roto

Ante la ausencia de VPT y de propiedad social, miles de micro‑inversores solventes entraron en el mercado con cursos básicos de inversión y el aval de su solvencia ante la banca.

No lo hicieron por maldad. Lo hicieron porque el Estado dejó un vacío.

Ese fenómeno debe reconducirse: estos actores pueden convertirse en micro‑promotores rehabilitadores, parte esencial de un nuevo tejido de micro‑PYMES urbanas.

🟥 La alternativa existe: Cheque Vivienda, VPT 2.0, suelo público y banca pública estatal

Frente a esta salvajada, el sector profesional API y las PYMES proponemos un modelo moderno, eficiente y socialmente justo:

• Cheque Vivienda para financiar directamente al ciudadano.
• VPT 2.0 con protección permanente y precios regulados.
• Reducción del ITP e IVA en primera vivienda protegida.
• Avales ICO con Cuota Blindada Flexible para proteger a las familias.
• Desarrollo de suelo con control público y destino preferente a propiedad social.
• Banca Pública Estatal apoyada en Correos y el 17% estatal en CaixaBank.
• Reconversión de micro‑inversores en micro‑promotores rehabilitadores.

🟥 Conclusión: la ciudadanía no es tonta

La gente entiende perfectamente lo que está pasando. Entiende que esta política no es social. Entiende que esta subvención no es para ellos. Entiende que esta “salvada” de 85.000 € por vivienda no es una solución, sino un síntoma.

La vivienda no puede seguir siendo un negocio subvencionado para unos pocos. Debe volver a ser un derecho, un patrimonio y una oportunidad para la mayoría.