Por: Redacción DebatePúblico.com
La paciencia del profesorado valenciano ha llegado a su límite. Tras diecinueve años de congelación salarial autonómica, las calles de Valencia se han teñido de verde en una huelga indefinida que trasciende lo económico: es una batalla por la supervivencia de la educación pública.
El detonante formal es una pérdida del 20% del poder adquisitivo que sitúa a los docentes de la Comunitat entre los peor pagados del Estado. La oferta de la Conselleria de Educación —200 euros brutos diferidos a tres años— ha sido calificada de parche insuficiente por el 91% del colectivo en las urnas. Sin embargo, el malestar real es normativo. El profesorado asiste con alarma al desmantelamiento del modelo de equidad del Botànic mediante la nueva Ley de Libertad Educativa [^1].
Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) alertan de que la imposición del Distrito Único y las exenciones lingüísticas masivas en comarcas castellanohablantes no fomentan la libertad, sino la segregación [^1]. Al eliminar las fronteras de los barrios, los centros más vulnerables corren el riesgo de convertirse en guetos, rompiendo la escuela pública como ascensor social y abriendo la puerta a dinámicas de exclusión y racismo.
Frente a quienes acusan la protesta de partidista, los docentes responden con dignidad: no es una huelga política, es una respuesta contundente a un rodillo legislativo que masifica las aulas, precariza las plantillas y legisla de espaldas a los profesionales. La marea verde no cederá; defienden el futuro de las aulas.