El congreso de los diputados rechazó el decreto sobre mayor protección de los inquilinos, en los arrendamientos de viviendas. El mismo aunque no aportaba nada para resolver el verdadero problema de la recién creada burbuja del alquiler, si aportaba, sustanciales mejoras para los arrendatarios, que lamentablemente se han perdido de momento debido a intransigencia en este caso de Podemos.
Por supuesto la regulación general de precios que exigía Podemos, son teóricos e inaplicables en su espíritu. El decreto sí que aportaba, varias avances muy importantes, como lo son la ampliación a 5 años de la ley, entre otras medidas transversales, exención de impuestos para su registro, mayor control, para el alquiler indiscriminado de pisos turísticos, pero en especial, contemplaba, la obligación social y judicial de exigir a los ayuntamientos la disponibilidad de viviendas sociales alternativas que eviten por fin los desahucios vulnerables. Lo cierto y lamentable es que este decreto aportaba avances importantes para los inquilinos y Podemos por tensar en este caso la cuerda de más, ha hecho perder una gran ocasión de mejorar socialmente la ley.
Por otra parte, lo que sí que resulta de una incompetencia sublime, es la falta de diligencia política, que utilizan todas las escusas como esta de Podemos, que para no hacer nada verdaderamente útil para ello, ya que podría perfectamente haber quedado para un tratamiento posterior como puede ser en la nueva ley de vivienda. La autentica realidad es que son necesarios nuevos planes de vivienda social, que recojan mediante ayudas , avales y garantías, a los jóvenes y a los sectores más vulnerables, sin ingresos o empleos eventuales, que son los que verdaderamente sufren más el precario acceso a la vivienda.
Recientemente en Navarra, certeros planes propios han habilitado programas como EmanZipa y DaVid, que garantizan el acceso a la vivienda a jóvenes y familias vulnerables por tiempo ilimitado. También se carecen de planes y medidas, que favorezcan el acceso mediante el alquiler con opción a compra, la rehabilitación y adquisición a particulares con hipotecas flexibles, financiadas hasta 40 años, con impuestos de transmisión reducido. Así como el establecimiento de convenios con los bancos y grandes tenedores de viviendas, la mayor parte de ella fruto del rescate público, que solo han servido para seguir con los desahucios bancarios y venderse a precio de saldo a los llamados fondos buitres de inversión, que capitalizan prácticamente los mayores activos inmobiliarios paralizados.
Ello a buen seguro si produciría mayor oferta de viviendas, que ayudaría a estabilizar la actual burbuja del alquiler, y a dinamizar y regular y equilibrar suficientemente la oferta y demanda, que haría cumplir el anhelado art. 47 de la constitución, del cual emana la obligación de facilitar por parte de las administraciones públicas, el de favorecer y crear las condiciones suficientes para que el acceso a la vivienda llegue de verdad a todos los ciudadanos.
a la vez que impulsaría todo el sector de la construcción y el empleo. Eso sí con mecanismos regulatorios para evitar a posteriori otra burbuja especulativa.
José Joaquín Belda Gonzalvez
Perito Judicial / API.
DebatePublico 