Del impacto social al impacto político

Informe Ejecutivo de Investigación y Reflexión Crítica

José Joaquín Belda Gonzálvez
DebatePublico.com

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INTRODUCCIÓN

Pocas personas han sido sometidas en los últimos años a un nivel de exposición política, mediática y judicial tan intenso como Begoña Gómez.

Durante más de dos años, una parte importante de la vida pública española ha girado alrededor de una pregunta aparentemente sencilla: ¿existió corrupción?

Sin embargo, conforme la investigación ha ido avanzando, ha surgido una cuestión todavía más relevante:

¿Dónde está el lucro?

Porque cuando se eliminan los eslóganes, las campañas partidistas y los titulares de impacto, lo que permanece son los hechos.

Y los hechos conocidos hasta la fecha plantean interrogantes que merecen una reflexión serena.

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CAPÍTULO I

UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL ANTERIOR A LA MONCLOA

Uno de los aspectos más ignorados del relato mediático es que la actividad profesional de Begoña Gómez relacionada con ONG, sostenibilidad, captación de fondos y responsabilidad social no comenzó con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Mucho antes de la Presidencia, diversas publicaciones ya la situaban profesionalmente en el ámbito del tercer sector.

Su experiencia estaba vinculada a organizaciones sociales, cooperación internacional, responsabilidad corporativa y captación de recursos para entidades sin ánimo de lucro.

Esta realidad no demuestra ni inocencia ni culpabilidad.

Pero sí desmonta la idea simplista de que toda su actividad profesional surgiera exclusivamente al amparo del poder político.

Existía una trayectoria previa.

Y esa trayectoria resulta esencial para comprender el contexto real de los proyectos posteriormente desarrollados en la Universidad Complutense.

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CAPÍTULO II

EL PROYECTO: SOSTENIBILIDAD, IMPACTO SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN

La actividad desarrollada desde la Universidad Complutense no giraba alrededor de operaciones inmobiliarias, adjudicaciones públicas o actividades financieras especulativas.

Su objeto declarado era muy diferente.

Medición del impacto social.

Responsabilidad social corporativa.

Sostenibilidad.

Colaboración entre universidad, empresas y ONG.

Herramientas para evaluar resultados sociales y medioambientales.

Formación especializada para entidades del tercer sector.

Precisamente estos ámbitos forman parte de las líneas estratégicas impulsadas desde hace años por la Unión Europea.

Europa lleva más de una década promoviendo la transformación social, la sostenibilidad, los criterios ESG y la medición de impacto.

Por ello resulta especialmente llamativo que uno de los proyectos universitarios alineados con esas directrices haya terminado convirtiéndose en objeto de una batalla política permanente.

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CAPÍTULO III

LOS INFORMES DE LA UCO Y LA PREGUNTA INCÓMODA

Toda investigación por corrupción suele perseguir una finalidad evidente.

Seguir el dinero.

Buscar el beneficio económico.

Detectar el enriquecimiento personal.

Identificar las ganancias obtenidas mediante el abuso de poder.

Por eso el elemento más relevante de todo este procedimiento no es lo que aparece.

Es lo que no aparece.

Los informes económicos conocidos hasta la fecha no habrían detectado fortunas ocultas, cuentas opacas, incrementos patrimoniales extraordinarios ni beneficios económicos comparables a los observados en los grandes escándalos de corrupción de la historia reciente española.

Y aquí surge la pregunta que da título a este informe:

¿Dónde está el lucro?

Porque después de años de investigación, la cuestión sigue sin encontrar una respuesta concluyente.

Y cuando el lucro desaparece del centro del debate, la naturaleza del caso cambia radicalmente.

Ya no hablamos de una trama clásica de corrupción económica.

Pasamos a discutir cuestiones administrativas, registrales, patrimoniales e interpretativas mucho más complejas.

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CAPÍTULO IV

EL DESTINO DE LOS RECURSOS

Otro aspecto fundamental consiste en determinar qué ocurrió realmente con los recursos aportados por las empresas colaboradoras.

Según las informaciones conocidas, dichas aportaciones estaban destinadas a financiar actividades universitarias.

Cursos.

Investigación.

Herramientas tecnológicas.

Proyectos de sostenibilidad.

Actividades de formación.

Colaboración con entidades sociales.

Si esta realidad se confirma plenamente, la imagen de enriquecimiento privado pierde consistencia.

La cuestión jurídica podrá seguir siendo discutida.

Pero el relato político inicial aparece profundamente alterado.

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CAPÍTULO V

LOS GRANDES PERJUDICADOS: LA UNIVERSIDAD, LAS ONG Y EL INTERÉS GENERAL

Este es probablemente el aspecto más olvidado de toda la polémica.

Mientras el foco mediático se concentraba en las acusaciones, se producía una consecuencia silenciosa.

La paralización de actividades.

Los cursos afectados.

Los proyectos suspendidos.

Las herramientas de innovación social detenidas.

Las ONG privadas de recursos formativos.

Los estudiantes privados de una oferta académica especializada.

Los investigadores alejados de líneas de trabajo innovadoras.

Y aquí surge una reflexión particularmente incómoda.

Si finalmente no aparece enriquecimiento personal.

Si los recursos fueron destinados a actividades universitarias.

Si el objetivo declarado era fortalecer la sostenibilidad, la responsabilidad social y la transformación social.

Entonces el principal daño producido no habría recaído sobre las personas investigadas.

Habría recaído sobre el interés general.

Porque la función pública de la universidad no consiste únicamente en impartir clases.

Consiste también en investigar, innovar, colaborar con la sociedad y generar herramientas útiles para afrontar los desafíos colectivos.

Y precisamente esa función pública ha resultado gravemente afectada.

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CAPÍTULO VI

LA PARADOJA EUROPEA

La contradicción resulta difícil de ignorar.

Mientras la Unión Europea impulsa programas destinados a fortalecer la sostenibilidad, la medición de impacto social y la cooperación entre sectores, una de las experiencias universitarias desarrolladas en España en esa dirección ha terminado siendo desmontada en medio de una tormenta política.

La paradoja es evidente.

Europa impulsa.

España paraliza.

Europa financia.

España confronta.

Europa promueve la innovación social.

España la convierte en objeto de sospecha.

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CAPÍTULO VII

CORRUPCIÓN REAL, CLIENTELISMO Y DOBLE VARA DE MEDIR

España tiene un problema real de corrupción.

Pero también tiene un problema real de clientelismo.

Miles de asesores.

Cargos de confianza.

Puertas giratorias.

Redes de influencia.

Nombramientos discrecionales.

Estructuras partidistas infiltradas en múltiples instituciones.

La ciudadanía ha contemplado durante décadas numerosos escándalos que afectaron a gobiernos de distinto signo político.

Los casos de corrupción vinculados al PP, al PSOE y a otras formaciones han deteriorado profundamente la confianza pública.

Los ciudadanos observan cómo familiares, asesores, colaboradores y círculos de influencia ocupan espacios de poder en administraciones de todos los colores políticos.

Y precisamente por eso surge una pregunta legítima.

¿Guarda proporción el esfuerzo político, mediático y judicial desplegado en este caso con respecto a otros problemas estructurales mucho más graves y costosos para el conjunto de la sociedad?

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CAPÍTULO VIII

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Toda democracia necesita jueces independientes.

Toda democracia necesita combatir la corrupción.

Pero también necesita proteger la presunción de inocencia y evitar que la sospecha sustituya a la prueba.

Cuando las investigaciones se convierten en espectáculos permanentes.

Cuando los titulares sustituyen a las sentencias.

Cuando la confrontación política condiciona el debate público.

La confianza en las instituciones termina deteriorándose.

Y esa erosión afecta a todos.

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CONCLUSIÓN

El caso Begoña Gómez trasciende a Begoña Gómez.

Lo verdaderamente importante es la reflexión que deja tras de sí.

Si después de años de investigación el enriquecimiento personal sigue sin aparecer.

Si los recursos fueron destinados a actividades universitarias.

Si las ONG, los estudiantes y los proyectos de transformación social han resultado perjudicados.

Y si el principal resultado visible ha sido la paralización de iniciativas orientadas al interés general.

Entonces España deberá preguntarse si ha asistido a un caso de corrupción o a un proceso de enorme impacto político cuyas consecuencias han recaído precisamente sobre aquello que la universidad pública está llamada a proteger: el conocimiento, la innovación y el servicio a la sociedad.

Porque perseguir la corrupción es una obligación democrática.

Pero destruir proyectos de interés general también tiene un coste.

Y ese coste rara vez ocupa las portadas.