Durante más de dos años se nos ha presentado el denominado «Caso Begoña Gómez» como uno de los mayores escándalos políticos de España. Titulares, tertulias, acusaciones y una enorme presión mediática han construido el relato de una supuesta trama de corrupción vinculada al entorno del presidente del Gobierno.

Sin embargo, tras años de investigación, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está el lucro?

Los propios informes económicos conocidos de la investigación no han acreditado fortunas ocultas, cuentas opacas ni enriquecimientos patrimoniales comparables a los grandes casos de corrupción que han afectado a España durante las últimas décadas. Y ese dato cambia radicalmente la naturaleza del debate.

Lo verdaderamente llamativo es que los recursos aportados por empresas colaboradoras estaban destinados a actividades desarrolladas en la Universidad Complutense: formación, investigación, sostenibilidad, responsabilidad social y herramientas orientadas a ONG y entidades del tercer sector. Precisamente algunos de los objetivos que la propia Unión Europea viene impulsando desde hace años.

Mientras se buscaba un lucro que no aparece, los perjudicados han sido los cursos, los proyectos, los estudiantes y las organizaciones sociales que participaban en estas iniciativas. La universidad ha visto paralizada una línea de trabajo innovadora vinculada a la transformación social, la sostenibilidad y el interés general.

España tiene problemas muy reales de corrupción, clientelismo, enchufismo y puertas giratorias que afectan a partidos de todos los colores. Por eso resulta legítimo preguntarse si la enorme energía política, mediática y judicial desplegada en este caso guarda proporción con los hechos conocidos.

Porque perseguir la corrupción es una obligación democrática. Pero destruir proyectos útiles para la sociedad también tiene un coste. Y ese coste, curiosamente, apenas aparece en los titulares.

José Joaquín Belda Gonzálvez