Subtítulo: La UCO no halló lucro en el caso Begoña Gómez, pero el procedimiento sí paralizó cursos europeos destinados a responsables de ONG y proyectos universitarios de impacto social.

El llamado Caso Begoña Gómez ha sido uno de los grandes focos de confrontación política de los últimos años. Sin embargo, los datos económicos de la investigación son inequívocos: la UCO no encontró lucro alguno. No aparecieron cuentas opacas, incrementos patrimoniales ni beneficios derivados del software investigado. El saldo bancario total de Begoña era de 2.134 euros y la facturación de su empresa, de apenas 6.687 euros.

Mientras tanto, el proceso sí dejó un daño real. Los programas universitarios vinculados a sostenibilidad, medición de impacto y responsabilidad social —alineados con criterios europeos y diseñados para dirigentes de ONG, fundaciones y entidades del Tercer Sector— quedaron suspendidos. Cursos paralizados, investigaciones detenidas y herramientas sociales sin uso. Un perjuicio directo para estudiantes, organizaciones sociales y para la propia universidad.

La paradoja es evidente: un proyecto académico de interés general terminó judicializado, mientras su impacto social quedó bloqueado. Y todo ello en un país acostumbrado a escándalos con cifras millonarias, redes clientelares y patrimonios ocultos.

Si finalmente no aparece el enriquecimiento que justificó el escándalo inicial, la pregunta será inevitable: ¿se perseguía un delito real o un símbolo político?

La respuesta marcará la credibilidad futura de nuestras instituciones.