Ceuta no está pagando las consecuencias de respetar los derechos humanos. Está pagando la utilización de seres humanos por Marruecos, la tardanza del Gobierno español y la pasividad de una Unión Europea que olvida que allí comienza su propia frontera.
Al pan, pan y al vino, vino: Marruecos abrió de hecho la frontera. Decenas de miles de personas no llegan simultáneamente, después de convocatorias públicas en redes sociales, sin que uno de los aparatos policiales más férreos del norte de África lo sepa o lo permita. Rabat miró hacia otro lado y, cuando consideró cumplido su objetivo, volvió a cerrar el grifo.
Detrás de las cifras hay jóvenes y familias empujados por el hambre, la desigualdad, la represión y el deseo de vivir con libertad. Ceuta representa España y Europa: derechos y oportunidades que no encuentran bajo una monarquía autoritaria, enriquecida mientras una parte de su población sobrevive entre precariedad y ausencia de futuro.
Las fuerzas españolas difícilmente podían contener una avalancha de aquella dimensión si Marruecos había abierto su lado de la frontera. En el mar existía, además, la obligación legal y moral de salvar vidas. España no se enfrentaba a una invasión militar, sino a personas desarmadas. Algunas podían solicitar asilo; otras no tendrían derecho a permanecer, pero todas debían ser rescatadas, identificadas y tratadas individualmente.
Y eso fue también lo que entendieron muchos vecinos de Ceuta. Durante los primeros días, y después cuando las administraciones no daban abasto, numerosos ciudadanos dieron el callo: ofrecieron agua, comida, ropa, orientación y ayuda a personas completamente desamparadas. También rechazaron a los agitadores ultras llegados desde la Península para explotar el caos. Esa respuesta solidaria merece tanto reconocimiento como la crítica posterior a los episodios de violencia.
Igualmente imprescindible ha sido el trabajo de Cruz Roja, Amnistía Internacional y tantas organizaciones humanitarias y sociales. Unas prestando asistencia directa; otras vigilando, denunciando abusos y recordando las obligaciones legales. Trabajan con fuertes vientos políticos en contra y soportan acusaciones por defender algo elemental: que ninguna persona pierde sus derechos por cruzar irregularmente una frontera.
España hizo bien al evitar una represión indiscriminada. Después llegó el fracaso político: faltaron mando, previsión, instalaciones, atención sanitaria e identificación rápida. Ceuta pidió el 30 de julio una respuesta nacional. La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional no llegó hasta el 25 de agosto.
Desalojar una playa sin plazas suficientes, permitir el regreso de los migrantes y no asegurar el control posterior del espacio no es humanitarismo: es improvisación. Y esa improvisación transformó la preocupación legítima de los vecinos en combustible para la extrema derecha.
Fueron abriéndose paso las palabras “invasión”, “caza” y expulsión colectiva. Llegaron ataques contra migrantes, organizaciones humanitarias y periodistas. También algunos migrantes ejercieron una violencia intolerable, incluido el ataque contra una patrulla militar. Todos los delitos deben perseguirse individualmente: ni todos los inmigrantes son delincuentes ni todos los vecinos son racistas.
La crisis es también geopolítica. Marruecos ha reforzado su alianza con Estados Unidos e Israel desde los Acuerdos de Abraham y el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Rabat invierte millones en influencia política en Washington y utiliza su condición de guardián fronterizo como instrumento de negociación.
No está demostrada una alianza organizada entre Marruecos, la extrema derecha española, Estados Unidos e Israel. Pero sí existe una convergencia objetiva: Rabat gana poder; los ultras utilizan el caos para derribar al Gobierno; el trumpismo presenta Ceuta como prueba del fracaso humanitario; y Europa se vuelve más dependiente de una monarquía autoritaria.
La comparación de José María Aznar con Perejil es una simplificación propagandística. Perejil fue la ocupación militar de un islote deshabitado. Ceuta es una ciudad de 85.000 habitantes y una crisis humana sometida al derecho internacional. No se resuelve con una fotografía militar.
La Unión Europea no puede pagar a Marruecos para controlar la frontera y aceptar después que Rabat la abra cuando busca ventajas políticas. Frontex debe reforzar el lado español y la UE exigir en el marroquí el cumplimiento de los acuerdos financiados con dinero europeo.
Rescatar no significa conceder residencia automática. Quienes tengan derecho a protección deben recibirla; quienes no lo tengan podrán ser retornados legalmente. También los menores pueden ser reagrupados cuando estén garantizadas su identidad, seguridad e interés superior. Lo inadmisible es devolverlos colectivamente y sin garantías.
Ceuta no debe elegir entre abandono y limpieza étnica. La alternativa es una autoridad democrática eficaz: acogida organizada, identificación rápida, calles seguras, retornos legales, responsabilidad europea y firmeza frente a Marruecos.
Los derechos humanos no fracasaron en Ceuta. Los defendieron sus vecinos solidarios y las organizaciones humanitarias. Fracasaron quienes no supieron organizarlos y protegerlos a tiempo.
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