Ceuta no está pagando las consecuencias de respetar los derechos humanos. Está pagando la utilización de seres humanos por Marruecos, la tardanza del Gobierno español y la falta de una respuesta europea proporcionada a una crisis que afecta a su propia frontera exterior.

Al pan, pan y al vino, vino: Marruecos abrió de hecho su frontera. Decenas de miles de personas no llegan simultáneamente a Ceuta, tras convocatorias públicas en redes sociales, sin que uno de los aparatos policiales y de inteligencia más férreos del norte de África lo sepa o lo permita. Rabat miró hacia otro lado y, cuando consideró cumplido su objetivo, volvió a cerrar el grifo y aceptó el regreso de la mayoría.

Pero detrás de las cifras hay jóvenes y familias empujados por la pobreza, la falta de oportunidades y el deseo de vivir con libertad. Ceuta representa España y Europa: derechos, servicios públicos y posibilidades de supervivencia que no encuentran bajo una monarquía autoritaria, extraordinariamente enriquecida mientras una parte de su población soporta desigualdad, precariedad y represión política y social.

Las fuerzas españolas difícilmente podían contener una avalancha de aquella dimensión si Marruecos había dejado abierta su parte de la frontera. En el mar, además, España tenía la obligación legal y moral de socorrer a quienes estaban en peligro. No se enfrentaba a una invasión militar, sino a personas desarmadas que huían del hambre, la represión o la falta de futuro. Algunas podían solicitar asilo; otras no tendrían derecho a permanecer, pero todas debían ser rescatadas, identificadas y tratadas individualmente.

España hizo bien al salvar vidas y evitar una represión indiscriminada. Después llegó el fracaso: faltaron mando, previsión, instalaciones, atención sanitaria y una logística proporcionada. Ceuta pidió el 30 de julio una respuesta nacional y un mando único. El Gobierno no declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional hasta el 25 de agosto.

Desalojar una playa sin disponer de plazas suficientes, permitir el regreso de los migrantes y no asegurar el control posterior del espacio no es humanitarismo: es improvisación. Y esa improvisación convirtió la preocupación legítima de los vecinos en el combustible que necesitaba la extrema derecha.

Primero, numerosos ceutíes rechazaron a los agitadores ultras llegados desde la Península. Después fueron abriéndose paso el lenguaje de la “invasión”, la “caza” y la expulsión colectiva. Llegaron ataques contra migrantes, organizaciones humanitarias y periodistas. También hubo violencia protagonizada por algunos migrantes, incluido el grave ataque contra una patrulla militar. Todos los delitos deben perseguirse individualmente: ni todos los inmigrantes son delincuentes ni todos los vecinos son racistas.

La crisis, sin embargo, desborda ampliamente el debate español. Marruecos ha fortalecido su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel desde los Acuerdos de Abraham y el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Rabat invierte millones en grupos de presión y comunicación política en Washington para reforzar sus intereses territoriales y su imagen como socio imprescindible de Occidente.

La monarquía alauí también utiliza la religión como fuente de legitimidad. Mohamed VI ejerce como “Comendador de los Creyentes” y su aparato religioso vincula unidad nacional, obediencia al rey y reivindicación territorial. Cuando altos cargos marroquíes aluden a la recuperación de las “ciudades ocupadas”, Ceuta y Melilla dejan de ser únicamente fronteras migratorias y se convierten en piezas de una estrategia de poder.

No está demostrada una alianza organizada entre Marruecos, la extrema derecha española, Estados Unidos e Israel para provocar esta crisis. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable. Pero sí existe una convergencia objetiva de intereses: Rabat incrementa su valor como guardián fronterizo; la extrema derecha utiliza el caos para desgastar al Gobierno; el trumpismo presenta Ceuta como ejemplo del fracaso de las políticas humanitarias; y el eje entre Washington, Tel Aviv y Rabat fortalece internacionalmente a la monarquía marroquí.

En este contexto, la visita de José María Aznar y su comparación con Perejil resultan especialmente significativas. Aznar, fundador de Friends of Israel Initiative y referente del atlantismo español, invoca una operación militar contra un islote deshabitado como si fuera comparable con una crisis humana y urbana de decenas de miles de personas. Perejil fue una ocupación militar limitada; Ceuta es una ciudad plural y una emergencia sometida al derecho internacional. Confundirlas solamente sirve para transformar un problema complejo en propaganda de fuerza.

La Unión Europea tampoco puede mirar hacia otro lado. Ceuta es frontera española, pero también europea. Frontex debe reforzar el control, la identificación y los retornos legales en el lado español. En territorio marroquí, donde Frontex no tiene competencia directa, la UE debe exigir el cumplimiento de los acuerdos fronterizos financiados con fondos europeos. Europa no puede pagar a Marruecos para controlar la frontera y aceptar después que Rabat la abra cuando busca ventajas políticas.

Rescatar no significa conceder automáticamente la residencia. Quienes tengan derecho a asilo deben recibir protección; quienes no lo tengan podrán ser retornados mediante procedimientos legales. También los menores pueden ser reagrupados o devueltos cuando se comprueben su identidad, situación familiar, seguridad e interés superior. Lo inadmisible es expulsarlos colectivamente y sin garantías.

Ceuta representa justamente lo contrario del autoritarismo: una ciudad española y europea donde conviven cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. Defenderla no consiste solo en agitar banderas, sino en proteger su pluralidad, sus libertades y la voluntad de sus ciudadanos.

Ceuta no debe elegir entre abandono y limpieza étnica, entre desorden humanitario y orden autoritario. La alternativa es una autoridad democrática eficaz: acogida organizada, identificación rápida, calles seguras, retornos legales, responsabilidad europea y exigencia firme a Marruecos.

Los derechos humanos no fracasaron en Ceuta. Fracasaron quienes no supieron organizarlos, defenderlos y hacerlos compatibles con el orden.