La situación en que se encuentra el acceso a la vivienda, alcanza limites dramáticos a buen seguro, el problema más importante de los españoles junto al empleo y la salud. Como lo atestigua recientemente el relator de la ONU, en sus últimos informes. Así como la desesperación del Defensor del pueblo y de colectivos de todo tipo. Ahí está la encomiable labor de la PAH, que se las ve y se las desea para exigir soluciones que no llegan ni con unos ni con otros.
Como muchos de ustedes recordaran la crisis financiera mundial ultima se cebó, en la creación de la burbuja inmobiliaria en España, con motivo del desarrollo de productos derivados de las hipotecas llamadas “subprime”, venta a trozos de estas, entre los grandes fondos y bancos de capitalización mundial, cuyos recursos se destinaban a financiar la compra de suelo y viviendas, hasta límites incontrolados, por las autoridades económicas y políticas.
Ellos supuso la entrada en el mercado de los grandes operadores bancarios y fondos especulativos, cuyas consecuencias finales fueron, el colapso del sistema financiero mundial, la quiebra de bancos de inversión como Lehman Brothers, principales financieras, y cajas, bancos y grandes promotoras en España, ante la pasividad política. Con ello el llamado rescate público, que en España alcanzo los 60.000 millones de euros, más otro tanto en ayudas fiscales que fueron destinados íntegramente a sanear el sistema bancario, obviando a los ciudadanos que habían adquirido sus viviendas, amparadas en ese derecho inalcanzable constitucional y universal.
Sufriendo así estos, las peores consecuencias que el sistema político debía de haber protegido. Los desahucios, daciones en pago, y posteriores ocupaciones ilegales, fueron y continúan siendo un sin cesar, sin que las administraciones publicas y los poderes políticos hagan nada que en verdad palie y remedie la situación.
Encima les hicieron culpables de la crisis por haberse financiado con el 100% de las hipotecas, cuando los verdaderos culpables fueron el propio sistema financiero y sobre todo la acción política, que no arbitró, ni legisló, ni condiciono las ayudas del rescate a flexibilizar adecuadamente las subidas de tipo de interés y cuotas. En cambio sí que lo hizo a las grandes promotoras y bancos, que habían sido las verdaderas causantes de ello, al entrar en el sector con su abuso de posición dominante, calentando precios, financiando y especulando con el suelo, como si el dinero fuera interminable, competencia desleal que aún practican inexplicablemente, y les dejan, siendo los beneficiarios del rescate público. Lo que ahora resuelven vendiendo las inmobiliarias y propiedades a los llamados fondos buitres de inversión.
El P.P. inicio esta senda, al promulgar , los planes 2.013-2.016 y 2.018-2.021, y posteriormente el resto de partidos políticos que han gobernado y siguen gobernando, promulgaron el Decreto 7-2.019, todos ellos para fomentar solo el alquiler,. Han demostrado su completo fracaso, tras más de 7 años de llevar esta situación al límite irrespirable económicamente para cientos de miles de personas.
Con esta errática política, son los verdaderos culpables de la actual situación, el tiempo da la razón inexorablemente a la realidad, aunque no la quieran ver, al cargarse los antiguos planes, de acceso a la vivienda en propiedad, de protección oficial en sus distintas modalidades, promoción pública , privadas y la ultima y mejor formula las VPT, a precios tasados. Así como las ayudas y desgravaciones existentes, aun a pesar de que el 82% de los españoles en la última encuesta del CIS, como es lógico desea tener vivienda en propiedad.
Pues no la política actual es condenar quieran o no a los ciudadanos al alquiler permanente, causando así otro terrible daño indirecto, como lo es la creación de la actual burbuja incontrolada de los precios y acceso al alquiler, principalmente a los más vulnerables, que no pueden acceder por falta de garantía e ingresos, al colapsarse toda la demanda retenida que no puede acceder a las viviendas vacías en venta, por falta de la inoperancia política, en activar los planes de vivienda social, que a la vez, generarían miles de empleos para las pymes en pequeñas promociones y rehabilitaciones y reformas.
Con ello en la Comunidad Valenciana, han abierto un impertérrito plazo de unos 40 días para solicitar aprisa y corriendo unas ayudas al alquiler, para cubrir el expediente y hacerse publicidad, destinadas solo para el que ya tiene vivienda , y que no solucionan nada a los miles que no tienen acceso a ella, 16.000 demandantes solo en el País Valenciano, y encima tienen una limitación de fondos, 20 millones de euros, que dejan a la gran mayoría fuera de ellas. Como ocurrió en la pasada convocatoria.
En cambio muy mal lo hacen de nuevo y vuelven a errar al destinar 50 millones de euros para comprar 550 viviendas, cuando estos fondos son imprescindibles y muy necesarios para financiar verdaderos y ambiciosos planes de alquiler con opción a compra, adquisición directa y emergencia social
Y no digamos la absurda medida de promover 20.000 viviendas públicas en alquiler durante los próximos años cediendo a los grandes grupos inmobiliarios y SOCEMIS, la cesión de este suelo con ayudas públicas, para que hagan nuevos negocios del siglo, alquilando las viviendas,.
Cuando en buena lógica con la parte de este suelo público, podrían dinamizar y recuperar a las pequeñas pymes que no pueden competir con las grandes inmobiliarias de los bancos. Siendo esta aportación más que suficiente para facilitar el acceso directo a la entrada a los mismos ciudadanos en propiedad. Ahora que los tipos de interés, se prevén y se contratan a mínimos, cuyas cuotas son menores que las rentas de alquiler, cuyos beneficio patrimonial de ello son incuestionables, ya que tras el pago de la hipoteca, a tipos de interés bajo y fijo como lo son en la actualidad, garantizan un futuro de tranquilidad, al tener pagada la vivienda para la jubilación. y no vivir en la precariedad como pretenden los políticos.
Para los demás claro está, no para los que se compran chalets y no se quedan en los barrios como prometían,
José Joaquín Belda Gonzalvez
Perito Judicial / API
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