La situación política que se plantea para la ciudad de Elche no invita precisamente al optimismo. Nos encontramos con un candidato que, en la práctica, parece haber sido designado desde dentro por Alejandro Soler, en el marco de un partido cada vez más cerrado sobre sí mismo y con escasa participación real de la ciudadanía.
Pero más allá de la forma, lo verdaderamente preocupante es el fondo.
Resulta difícil entender que quien aspira a liderar la ciudad no tenga plenamente identificados —o al menos no los sitúe como prioridad— problemas estructurales que dependen directamente del Gobierno central y que siguen sin resolverse: la ausencia de conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche, el bloqueo del AVE en Matola, el deterioro del servicio de Cercanías o la desconexión del Parque Empresarial. Todo ello no solo limita el desarrollo económico de la ciudad, sino que está generando consecuencias visibles y cada vez más graves, como el colapso de aparcamientos ilegales en el entorno aeroportuario.
A esta situación se suma un discurso complaciente con el Plan Estatal de Vivienda que, lejos de resolver el problema, lo agrava. Según sus propias bases, se permite la concesión de subvenciones a fondo perdido que pueden superar los 85.000 euros por vivienda a grandes tenedores para promover alquiler, consolidando así un modelo que perpetúa la dependencia, la precariedad y la brecha social en el acceso a la vivienda.
Mientras tanto, se guarda silencio sobre uno de los mayores fracasos urbanísticos de la ciudad: el desarrollo del barrio de San Antón. Más de 700 viviendas continúan atrapadas en una afección urbanística que impide su rehabilitación, incluso con fondos europeos, a diferencia de lo que sí se ha permitido en zonas como Porfirio Pascual.
La situación alcanza su punto más grave con el caso del Bloque 8. Sus vecinos llevan más de un año desalojados, sin haber podido recuperar siquiera sus pertenencias personales. Una realidad que no es fruto del azar, sino del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de su obligación de mantenimiento de los edificios hasta la finalización del PRI, hoy vencido y prorrogado sin horizonte claro ni financiación suficiente para completar siquiera una nueva fase.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más se pretende mantener a un barrio entero en esta situación de incertidumbre, deterioro y expulsión silenciosa?
El caso de San Antón no es solo un problema urbanístico. Es un síntoma claro de una forma de hacer política: decisiones cerradas, falta de planificación real y una desconexión creciente entre las instituciones y la realidad de los ciudadanos.
Si esta es la propuesta política que se ofrece a la ciudad, conviene empezar a preocuparse seriamente.
DebatePublico 