Este mes de mayo se cumplen quince años del estallido del 15-M, una efeméride que no debe abordarse desde la nostalgia, sino desde la autocrítica sistémica. Aquellas plazas llenas bajo el lema «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» exigían una regeneración ética, el fin de las listas cerradas y una democracia real controlada por la sociedad civil.
La gran fortaleza de plataformas originarias como Democracia Real Ya fue su transversalidad apartidista. Sin embargo, la posterior mutación de la indignación en marcas electorales terminó por confirmar las peores dinámicas del sistema. Las maquinarias institucionales fagocitaron la horizontalidad de la calle; el pensamiento libre y autogestionario de los ciudadanos fue sacrificado en el altar de la disciplina interna, las directrices verticales y las cuotas de poder.
El resultado de este proceso está a la vista de todos: los partidos políticos, blindados en su estructura piramidal y endogámica, han vuelto a campar a sus anchas. Hemos regresado a un bipartidismo clónico, repetitivo y profundamente antidemocrático, donde una minoría de aparatos cerrados decide las listas y el rumbo del Estado, ignorando la fiscalización ciudadana.
Quince años después, la lección es nítida: el poder no se democratiza ocupando despachos oficiales, sino manteniendo la guardia civil extramuros de las instituciones. El secuestro de la representación por la partidocracia sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestra sociedad. La indignación de 2011 no ha muerto; simplemente espera a que la ciudadanía vuelva a recordar que la soberanía les pertenece a ellos, no a las siglas.
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